La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cuestiona la eficacia del gasto de entre 6.100 y 6.500 millones de euros que cada año destinan el conjunto de las administraciones para promover la reinserción de los parados al mundo laboral y mejorar la formación de los trabajadores en activo.
En su tercer estudio dentro del proceso de revisión del gasto (spending review), que está llevando a cabo el organismo por encargo del Gobierno, la Airef constata «un amplio margen de mejora en la gobernanza y la eficacia» de las políticas activas de empleo (PAE) ante las «claras deficiencias que ponen en cuestión la calidad del gasto en PAE».
Entre otras conclusiones, la Autoridad Fiscal sostiene, por ejemplo, que el Programa de Recualificación Profesional (Prepara), de ayuda a los parados de larga duración, «no mejora la probabilidad de incorporación al mercado laboral».
Además se afirma que «el sistema de subvenciones para la formación es discutible» y se cuestiona el «sistema ultrarrígido y cerrado» para incorporar nuevos cursos que permitan ir adaptado la oferta de estos a las necesidades de las empresas. La evaluación de la eficacia de los incentivos a la contratación en forma de bonificaciones a la Seguridad Social es objeto de un estudio separado que la Airef debe desarrollar a lo largo del 2019.
Según el estudio empírico realizado a partir de los 850.000 beneficiarios del Plan Prepara entre el 2012 y el 2017, con un gasto de 1.432 millones, en los seis primeros meses de acceso a las ayudas no se percibe una mayor empleabilidad de los parados. Durante este periodo están recibiendo una subvención directa mensual (2.500 euros en los seis primeros meses). Después de este periodo, al que sigue un plan de formación, solo se percibe cierta eficacia en algunas autonomías como Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja; pero no, en el resto.
En su informe, la Airef confiesa su incapacidad de una evaluación completa de la eficacia de las políticas activas por comunidades, ante la falta de calidad y homogeneidad de los datos.
En todo caso, sí incorpora algunos indicadores autónomicos. Con carácter general se estima que del total de gasto en políticas activas de empleo en las comunidades autónomas (4.771 millones) solo se ejecuta el 61% (2.948 millones), mientras que el resto (38%) se queda sin gastar.
Otros datos del informe revelan que la intensidad de gasto por desempleado es muy variable por autonomías, tanto en términos del presupuesto original como de las obligaciones reconocidas.
El gasto medio por demandante de empleo es hasta 4,6 veces superior en algunas comunidades. La medida en el conjunto del país se sitúa en 44,59 euros y la mediana en 42,07 euros, con datos del 2017. El País Vasco destaca, con 97,62 euros por demandante de empleo, mientras que Castilla-La Mancha se sitúa a la cola (21,25 euros).
