El organismo independiente encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas mantiene su pulso con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero ahora alejado de los tribunales. El Gobierno ha dado marcha atrás y ha revocado la orden ministerial que entorpecía a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) el acceso directo a los datos de las administraciones públicas para realizar su tarea de fiscalización. Como consecuencia de ello, la Airef ha retirado el recurso contencioso administrativo que había interpuesto ante la Audiencia Nacional en el 2015 y se ha avenido a volver a negociar con Hacienda unas nuevas reglas de juego.
La Airef llevó la orden ministerial publicada en el BOE en julio del 2015 ante los tribunales al considerar que el Gobierno entorpecía su trabajo. La orden obligaba a la Airef a tramitar sus peticiones de datos e información «a través de la Central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» en vez de poder solicitar la información directamente a las diferentes administraciones. Desde la Airef ya advirtieron de que tan solo retirarían el recurso si el departamento dirigido por Cristóbal Montoro derogaba o, al menos, modificaba los apartados de la orden ministerial. El organismo de fiscalización independiente que dirige José Luís Escrivá consideró que la introducción de un filtro previo y las trabas al acceso a la información constituyen una vulneración de la autonomía e independencia funcional respecto de las administraciones públicas.
ESCASA TRANSPARENCIA
La autoridad fiscal mantiene un pulso con el Gobierno por su independencia. Considera que sin el acceso directo a la información y sin un presupuesto ajustado a sus competencias no puede realizar sus labores de fiscalización con independencia del Gobierno. Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda se interpreta que la fallida orden ministerial no suponía una restricción de acceso a la información pero se acepta que si la Airef consideraba que esa norma dañaba su imagen de transparencia podría resultar conveniente su derogación, como así ha sido. En la actualidad, Hacienda y Airef negocian formas de acceso estandarizado a determinada información que necesita el organismo para su actividad así como los plazos y no existe aún una decisión sobre si eso debería plasmarse o no en una nueva orden.
FALTA DE RECURSOS
En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados este miércoles, Escrivá se quejó ante los parlamentarios de la falta de medios del organismo, de sus dificultades para acceder a la información y de la baja calidad de las contestaciones obtenidas. Allí se quejó, por ejemplo, de la escasa información obtenida de la Agencia Tributaria cuando se ha querido indagar en las causas que llevaron a que el Gobierno infravalorara los efectos de su reforma fiscal obligando a un recorte adicional del gasto de 5.000 millones de euros en el 2016.
La Autoridad Fiscal cuenta con una plantilla de 35 personas que, según Escrivá, queda muy lejos de las 300 personas que forman parte del organismo similar que existe en Holanda y que sirve de modelo a la Airef, aunque aquel tiene un menor número de administraciones que supervisar al no contar con 17 comunidades autónomas como sucede en España.
La Airef elabora cada año su propio anteproyecto de presupuesto y lo remite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. El año pasado contó un presupuesto de 4,48 millones de euros y está negociando con Hacienda poder contar con más recursos para poder realizar su labor de forma indepediente, aunque en este extremo tampoco hay acuerdo con el departamento que dirige Cristóbal Montoro.
