La decisión de Carbonífera del Ebro de renunciar a las ayudas al cierre del Ministerio de Industria, lo que conduce a un final más incierto de la empresa minera, ha pillado por sorpresa a sus 31 trabajadores y al Gobierno de Aragón. El consejero de Industria, Arturo Aliaga, pidió ayer públicamente a la compañía que "rectifique" y dé explicaciones sobre esta deserción.
La empresa de Mequinenza arguye que no tiene capacidad económica para pedir las ayudas. De esta manera, la restauración medioambiental de la mina deberá asumirla el Gobierno de Aragón y se costearía con la ejecución del aval depositado por Carbonífera, pero no está claro que haya dinero suficiente. De acogerse a las ayudas, se garantizaría la continuidad de la mitad de la plantilla unos tres años más gracias precisamente a esas tareas de restauración.
"La empresa ha sido bien tratada, ha tenido ayudas públicas y quiero explicaciones de por qué no quiere acogerse a las ayudas", declaró ayer el consejero a los medios de comunicación. En concreto, entre el 2009 y 2012 recibió 9,6 millones de ayudas estatales. Para clarificar esta situación, el consejero ha convocado hoy una reunión con la empresa y el comité.
