"Nos sentimos desprotegidos desde hace muchos años, porque nos han creado un problema donde no lo había". El gerente de Aragonesa de Componentes Pasivos (ACP), Ernesto Jiménez, resume de esta forma el monumental despropósito que, "sin comerlo ni beberlo", están viviendo tres empresas, ubicadas en el polígono de Tarazona.

Todo comenzó cuando una vecina de este municipio, Amparo Lacarta, reclamó al Sepes la propiedad de los terrenos que esta entidad pública vendió a estas tres compañías. El juzgado de Tarazona le dió la razón y ahora el juez ha notificado a los responsables de estas firmas el auto por el que se obliga al desalojo de las naves a principios del mes de abril.

Entre los afectados se encuentran más de 130 trabajadores que estan en vilo ante la posibilidad de un inminente cierre. El problema es todavía más grave, ya que también implica a un total de 28 empleados de Componentes y manipulados Tarazona --gestionada por Disminuídos Físicos de Aragón (DFA)--. La tercera firma en discordia es Transportes y Miniexcavaciones Luis Ramas.

El secretario general de DFA, Juan Carlos Castro, tilda de "sorprendente" la situación y agrega que "confiamos en que esto se solucione tarde o temprano", mientras que el encargado de la empresa, Gregorio Serrano, que lleva más de ocho años trabajando en la misma, subraya que la plantilla "recibió la noticia con incertidumbre". Además, destaca que, "aunque queramos ampliar la nave y crear nuevos empleos no podríamos por este conflicto judicial".

Precisamente, el problema le llegó a ACP tras su ampliación en unos terrenos que corresponden con los que ahora reclama la vecina. "Hemos hecho inversiones superiores a los 1,8 millones de euros en esta nave y contemplamos 600.000 más para este año, pero estamos atados de pies y manos", dice Jiménez, que resignado y sorprendido sentencia: "Esto es muy triste y nos sentimos sólos y sin apoyo institucional".

Esta empresa, en la que trabajan más de 80 personas, exporta a más de 50 países en todo el mundo y tiene un alto componente tecnológico. "Si llegamos a saber esto vendemos las parcelas y nos vamos a otro sitio", comenta Jiménez abatido. Incluso el propietario de la firma, Fernando Mercadal, asegura que "pase lo que pase, nosotros no nos vamos a ir de aquí por una actuación impresentable y llena de errores del Sepes".El SEPES, TRANQUILO El abogado del Sepes, ante esta situación comenta: "Hemos presentado un recurso a la sentencia y estamos seguro de que vamos a ganarlo". Una confianza en la que parece agarrarse el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Tarazona, Jesús Pérez, que señala que "el Sepes metió la pata, pero nos ha asegurado que en 15 días el problema se resolverá. Esperemos que así sea". Por su parte, fuentes del Gobierno de Aragón concluyen que no es posible hacer nada desde el Ejecutivo, ya que se trata de un "conflicto civil entre particulares".Según la abogada de esta vecina de Tarazona, Beatriz Cagigas, considera que

"Hemos presentado un recurso a la sentencia y estamos seguro de que vamos a ganarlo""el Sepes metió la pata, pero nos ha asegurado que en 15 días el problema se resolverá. Esperemos que así sea""conflicto civil entre particulares"

"es improbable que el juez se eche atrás"