Las cajas de ahorros han sido el mejor ejemplo del crack que ha sufrido el sistema financiero español. Bankia, NovaGalicia Banco, la CAM o Caixa Catalunya, entre otras, han revelado los múltiples atropellos cometidos por los consejos de administración durante en la gestión de estas entidades en la última década. Todo ello, aderezado con un furor por la promoción inmobiliaria que ha guiado a las cajas en su particular caída libre al vacío. Y Caja Inmaculada (CAI) no ha sido una excepción. La comisión de investigación abierta ayer en el parlamento aragonés tratará de esclarecer hasta dónde llegaron las responsabilidades políticas de los excesos en una caja aragonesa centenaria, y que este año acabará integrándose en el grupo Ibercaja, a través de Caja3. Hoy, el peso de CAI en ese grupo apenas alcanza el 5%.

Pero ¿cómo ha llegado CAI hasta aquí? Por ahora, los focos apuntan en varias direcciones. La vía judicial está abierta y la política acaba de iniciarse. Estas son, de momento, algunas de las cuestiones a las que habrá que responder en el futuro.

Retribuciones

Algunos exdirectivos de CAI recibieron prestaciones económicas y pensiones muy elevadas durante los últimos años. Entre ellos figuran el exdirector general adjunto de la caja, Juan Antonio García Toledo, cuya remuneración, entre otras partidas, contemplaba una prestación postempleo de 2,3 millones en concepto de indemnización por la rescisión de su contrato de alta dirección. También consiguió estos beneficios el exdirector general de CAI, Tomás García Montes, que cobra de la entidad 15.004,48 euros mensuales en concepto de indemnización. Su salario anual pensionable en el 2008 fue de 274.807,28 euros, mientras que en el 2009 --en diciembre fue cesado y sustituido en el cargo-- ascendía a 277.005,74 euros. El importe anual de la indemnización que abona CAI a García Montes asciende a 180.053,73 euros, lo que representa el 65% del salario anual pensionable.

CAI suspendió los pagos a García Montes unos meses, aunque luego se vio obligado a reintegrarlos después de que el exdirectivo ganase una demanda a la entidad. La caja consignó una partida de 4,2 millones en sus cuentas anuales del 2009 para hacer frente "a la extinción del contrato laboral de un miembro de la alta dirección".

Pero estos dos casos no son los únicos de elevadas remuneraciones. Estas situaciones son cuando menos chocantes, ya que Caja3 (liderada por CAI) se encontraba en una delicada situación financiera ya en el 2009 y, de hecho, tuvo que recibir ayudas por valor de 407 millones de euros por parte del FROB.

Desde 1999, CAI se adentró en un laberinto inmobiliario que desembocó en la creación de 69 sociedades ligadas al ladrillo, algunas en Andalucía. Muchos de estos activos tóxicos pasaron a la Sareb y se valoraron en menos la mitad de su valor (2.200 millones frente a los 4.400 millones de valor de mercado). Solo el hólding inmobiliario de la caja (CAI Inmuebles) supuso entre 2010 y 2011 pérdidas por valor de más de 112 millones. El sindicato CIC ha denunciado que Arcai Inmuebles, una de esas sociedades inmobiliarias, registró pérdidas por valor de 42 millones entre 2009 y 2011.

Toque de atención

El Banco de España ya advirtió a la CAI de la existencia de "deficiencias relevantes" en el control de riesgos, así como en el control interno de la entidad. Así lo hizo constar el organismo regulador en un escrito de requerimientos remitido a la caja en diciembre del 2010.