Aunque el Gobierno central y los sindicatos discrepen sobre el número de afectados, se trata de todos aquellos que perdieron su empleo antes del 1 abril del 2013 mediante un despido individual, no colectivo, y que firmaron un convenio con la Seguridad Social para acogerse a la jubilación anticipada a los 61 años en las condiciones anteriores a la reforma del 2011.
La Seguridad Social se ha comprometido a comunicar a cada uno de los afectados la resolución del problema.
