Una operación policial por fraude de subvenciones e insolvencia punible contra la empresa tecnológica española Zed Worldwide, cuyo mayor éxito fue a finales de los años 90 el videojuego Commandos, fue la primera coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tras incorporarse ayer al Juzgado Central de Instrucción nº 6 después de 16 años apartado de la instrucción. Hoy tomará declaración a los seis arrestados, incluidos el fundador y máximo accionista, Javier Pérez Dolset, y su hermano Ignacio.
El operativo es fruto de una querella en la que la Fiscalía Anticorrupción lleva trabajando desde el 2016 contra 19 personas, entre ellas, el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals. El ministerio público le atribuye haber intercedido para que Zed, que llegó a estar participada por Planeta en un 25%, recibiera créditos blandos por fomento de innovación y desarrollo por 67 millones de euros. La mayor parte salió del Ministerio de Industria, pero también se estudian subvenciones del de Economía y de otros departamentos.
El Grupo Planeta se personará como acusación particular por un perjuicio que cuantifica en 120 millones de euros. Planeta recordó que «viene denunciando las irregularidades en la gestión por parte del presidente y de los administradores del grupo Zed desde junio de 2011».
Las gestiones para lograr los fondos se habrían producido entre el 2010 y el 2015, es decir, tanto con gobiernos del PSOE como del PP. Por esa supuesta labor de intermediación, La Razón habría recibido presuntas comisiones irregulares vía publicidad y falsos acuerdos de colaboración por unos dos millones de euros.
Por eso, una comisión judicial se personó ayer por la mañana en el diario para requerir toda la información relacionada con el procedimiento. En un comunicado, La Razón negó que su presidente haya participado en algún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones «ni directa ni indirectamente», y resaltaba su disposición a «colaborar con la justicia en todo momento».
También se investiga si Casals (imputado y desimputado en abril en el caso Lezo por supuestas coacciones a Cristina Cifuentes) habría intervenido para evitar que la fiscalización de los préstamos y los ministerios intervinientes no reclamaran su completa devolución. Unos expertos han determinado que solo la mitad de los créditos blandos concedidos fueron reintegrados a la Administración.
