El Gobierno de Aragón ha elevado el tono contra la reforma eléctrica que desarrolla el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Al menos, en palabras de la directora general de Energía, Marina Sevilla, que dijo ayer que la DGA "no comparte" el nueva normativa que impulsa el Ministerio de Industria, cuyas medidas dejan a la comunidad entre las peor paradas, precisamente, por el desarrollo prematuro de la eólica --el 62% de los parques se quedan sin primas-- y por contar con un mayor peso de la cogeneración, que camina hacia el cierre, lastrando así la competitividad de la industria regional.

Así lo advirtió ayer Marina Sevilla en la apertura de una jornada sobre energías renovables organizada por la Cámara de Zaragoza, donde se dieron cita representantes de varios segmentos del sector (eólica, fotovoltaica y solar termoeléctrica).

La consejería de Industria, que dirije Arturo Aliaga, ha hecho llegar al ministerio una serie de recomendaciones para paliar los efectos de una reforma cuyo "único objetivo" es atajar el déficit de tarifa, en palabras de la directora general de Energía. Pero todo hace indicar que el ministro del ramo, José Manuel Soria, no va a cambiar sus planes.

Durante su intervención, Sevilla recalcó que la retirada de la primas a la eólica --a los parques anteriores al 2005, que son la mayoría de los aragoneses-- no solo perjudica a las empresas, sino también a la comunidad al perder "importantes incentivos".

Criticó también otros aspectos de la reforma, como las "barreras" al autoconsumo o que no prime la eficiencia energética. "El Gobierno parece desconocer la vinculación de la cogeneración con la industria", agregó. Por todo ello, reclamó un análisis más detallado del impacto que la nueva norma y que esta sea "dialogada" y acordada con el sector, al igual que ha hecho el ministerio con una actividad tan conflictiva como el carbón.

Tras la jornada, la asociación de productores de energías renovables Anpier celebró una asamblea de productores fotovoltaicos de Aragón como paso previo a las movilizaciones y acciones judiciales contra los ajustes retroactivos aplicados por el Gobierno, que han dejado al sector al borde del abismo. "Esto es una estafa y un fraude del Estado", según esta organización.