La implantación de nuevas tecnologías en las empresas, la economía colaborativa y un mercado laboral en constante transformación están detrás de una de las grandes preocupaciones de los sindicatos: la proliferación de los falsos autónomos. Se trata de personas que trabajan como asalariadas pero cuyo contrato es de autónomo, lo que les priva de derechos laborales (prestación por paro, bajas, vacaciones...) y permite a la empresa reducir sus costes laborales. Aunque no existen datos oficiales, los expertos cifran en más de 5.000 los afectados por esta mala práctica en Aragón (más de 100.000 en España), lo que se traduce en una merma para las arcas de la Seguridad Social de más de 5 millones solo en la región.
El principal foco de atención está ahora en las empresas cárnicas, que se nutren de este tipo de empleados a través de las cooperativas. UGT y CCOO han iniciado una ofensiva a nivel nacional que ha derivado en la presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo. Esta misma semana, los sindicatos han convocado una huelga indefinida (a partir del 18 de junio) en dos de los mataderos del Grupo Jorge en Cataluña, en los que trabajan unas 1.500 personas, tras la amenaza de la cárnica aragonesa de dejar la comunidad vecina por la presión de la Inspección de Trabajo.
La ofensiva comenzó hace un año, pero la Tesorería de la Seguridad Social acaba de dar de alta en el régimen general a empleados asociados a Servicarne que trabajan para empresas cárnicas. El expediente general afecta a más de 5.000 personas que prestan servicios en 52 empresas distribuidas en 11 comunidades, entre ellas Aragón, donde se ha dado de alta a 600 empleados.
«Esta es una actuación, pero no será la última», asegura el director de la Inspección de Trabajo de Aragón, Román García, que ayer y hoy participa en XV Jornadas Laborales de la Asociación Empresarial de Asesores Laborales. A su juicio, las administraciones deben «exigir el cumplimiento de la norma», aunque reconoció que el entramado es «complejo».
DEMANDAS COLECTIVAS / El secretario general de UPTA en Aragón, Álvaro Bajén, apuesta por llevar a cabo, a nivel nacional, demandas colectivas con las asociaciones de autónomos a la cabeza. Bajén es uno de los expertos en este tema en la comunidad. De hecho, su tesis doctoral versó sobre la Tutela y promoción del trabajador autónomo durante la crisis. Este abogado, que lleva en estos momentos casi 30 casos de falsos autónomos, señala que el perfil de los afectados en Aragón es el de personas que trabajan en el sector cárnico, de reparto o en actividades profesionales (servicios financieros, medios de comunicación...) y cuyos suelos rondan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, a partir de 736 euros.
Para Bajén, las nuevas plataformas tecnológicas, las cooperativas cárnicas y la tarifa plana para autónomos han espoleado al falso autónomo en algunos casos. Por ello, exige una regulación laboral de esta figura, una acción prolongada en el tiempo de la Inspección de Trabajo y más concienciación de las empresas.
«La autoridad judicial, el Gobierno y los agentes sociales debemos poner remedio a los falsos autónomos», subrayó ayer el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, que recalcó que «nunca en España, ni la inspección de Trabajo ni la Justicia estaban aflorando tantos falsos autónomos. Este es el camino»
La magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Rosa María Virolés, reclamó ayer en Zaragoza al nuevo Gobierno que «controlen» esta situación. «Si es falso, estamos ante una falsedad. Lo tienen que controlar. No puede ser que, en una obra en construcción, todos sean autónomos. Hay que valorar qué es relación laboral y qué no lo es. Es aplicar la norma», zanjó.
