El Consejo de Gobierno de Aragón tomó ayer en conocimiento del texto del anteproyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios, que incorpora las novedades de la normativa estatal aprobada el pasado mes de marzo.
Uno de los objetivos es adecuar la representación de todos los sectores económicos en los órganos de gobierno de estas entidades. Así, el pleno de la Cámara de Zaragoza pasará de los 69 vocales actuales (con voz y voto) a 40. De estos, 27 serán elegidos a partir del censo general de empresas, 9 del censo de empresas que pagan la cuota voluntaria cameral y 4 designados por las patronales. Habrá otros 5 miembros (con voz pero sin voto) nombrados por la DGA (1) y el presidente de la entidad (4). Por su parte, la Cámara de Huesca tendrá 30 vocales y la de Teruel, 20.
Además, se limitará a dos mandatos consecutivos la figura del presidente. En este caso, Manuel Teruel lleva al frente de la Cámara de Zaragoza desde 2002.
El proceso electoral de estas instituciones, que convoca el Ejecutivo central, está previsto que se celebre después del verano del 2015. Los comicios deberían haberse celebrado la pasada primavera pero se han visto demorados por la reforma de la Ley de Cámaras emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy, que vio finalmente la luz en marzo.
EQUILIBRIO FINANCIERO
La norma que prepara el Ejecutivo autonómico, que será sometido a información pública, ha sido elaborada contando con los informes previos del Consejo Económico y Social, el Consejo Aragonés de Cámaras y las Cámaras de Zaragoza, Huesca y Teruel.
La nueva ley quiere reforzar la presencia e importancia de las Cámaras aragonesas y mejorar su coordinación a través del Consejo Aragonés de Cámaras, que contará con 5 representantes de la de Zaragoza, 3 de la de Huesca y 2 de la de Teruel.
Con esta reforma se abre el abanico de servicios que pueden prestar estas instituciones, enfocados especialmente hacia pymes. Otro de los aspectos en los que hará hincapié la futura ley es la estabilidad presupuestaria, fijando un plazo de tres años para que estas entidades alcancen un equilibrio en sus cuentas.
