La consolidación de un mercado laboral con más y mejores empleos es uno de los objetivos recogidos en el Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón (AESPA), firmado el pasado mes de febrero por el Gobierno autonómico, empresarios y sindicatos. Un reto que --según señaló ayer el consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés-- pasa por la movilización de todos los recursos de capital humano de la comunidad, con especial atención de las mujeres. En este sentido, la comunidad quiere crear 30.000 nuevos puestos de trabajo femeninos en los próximos tres años.

"La mejora del empleo entre las mujeres es prioritaria", señaló Bandrés minutos antes de iniciarse la reunión de la comisión de seguimiento del pacto, que se celebró ayer en Zaragoza. El consejero recordó que mientras la comunidad apenas tenía paro masculino, el índice de desempleo femenino se situaba en torno al 10%. "Con la creación de estos puestos de trabajo queremos reducir el desempleo femenino así como incrementar su tasa de actividad, puesto que hay muchas mujeres que quieren incorporarse al mercado laboral", añadió.

Bandrés --que valoró el buen grado de ejecución y cumplimiento que presenta el AESPA cinco meses después de su firma-- incidió en que la mejora del empleo exigía una reducción de la temporalidad laboral, "fomentando la conversión de los contratos de duración determinada en indefinidos". El consejero hizo alusión a la campaña explicativa iniciada a principios de año por el Gobierno de Aragón en las compañías de la comunidad con mayor índice de contratos eventuales y que había permitido transformar en fijos 890 documentos. En este sentido, el objetivo es que en un plazo de dos o tres años, el empleo temporal sólo represente el 5% del total regional.

El responsable del Departamento de Economía también se refirió a la necesidad de aprovechar el potencial de los inmigrantes --y recordó que hay sectores económicos en la comunidad en los que son fundamentales--, normalizando su situación y a través del Plan Integral de Inmigración que ya ha sido remitido a las Cortes.

Bandrés no obvió que otra de las finalidades del acuerdo social era la consecución de una economía más competitiva, apoyada con políticas que fomenten las iniciativas empresariales y la creación de empleo y con una apuesta por la inversión en investigación y desarrollo. En este sentido, se refirió a la puesta en marcha de la nueva sociedad de capital riesgo, al apoyo al sector de las nuevas tecnologías, al nuevo programa Innovaragón, al segundo Plan Autonómico de I+D o al Plan Director de la Sociedad de la Información. Asimismo, anunció que la DGA incluirá cláusulas sociales en sus concursos públicos.