Todas las comunidades autónomas --entre ellas Aragón--, a excepción de Cataluña y el País Vasco, apostaron ayer por la aplicación nacional de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) a partir del 2006. El consejero de Agricultura del Gobierno aragonés, Gonzalo Arguilé, respaldó esta decisión durante la Conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Madrid, al considerar que ello evitará agravios entre agricultores y ganaderos de unas y otras regiones.
De esta forma, el encuentro sirvió para determinar definitivamente el marco y la fecha de aplicación de la reforma de la PAC. Una decisión que será trasladada a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos generales del Estado del 2005. Arguilé justificó esta medida al considerar que "sería muy complicada una aplicación de la reforma de ámbito regional, porque hay agricultores y ganaderos que tienen tierras o ganado en varias comunidades". Además, "hay que tener en cuenta cuestiones patrimoniales y de arrendamientos, entre otras", apuntó el consejero.
En este sentido, Arguilé animó a los agricultores y ganaderos a aprovechar el año 2005 para adaptarse a la nueva PAC. Antes, el próximo mes de septiembre se reunirán de nuevo los consejeros de las comunidades autónomas para abordar el resto de asuntos relacionados con la puesta en marcha de la reforma, ya que el ministerio deberá enviar a la Unión Europea su propuesta definitiva.
LAS CAMARAS DESAPARECERAN Otro de los puntos que se trataron en la reunión fue la decisión del Ministerio de Agricultura de hacer desaparecer las Cámaras Agrarias, y dar más protagonismo a las organizaciones agrarias. Arguilé apoyó esta postura, porque los sindicatos agrarios "son nuestros verdaderos interlocutoresy partícipes de la realidad agraria y ganadera del país". Esta decisión de anular el carácter básico de la Ley de Cámaras Agrarias o abolir la propia norma fue respaldada por todas las comunidades, salvo Navarra, Castilla y León y Baleares, que se abstuvieron.
