Aragón forma parte del grupo de diez comunidades que acusan al Ministerio de Empleo de «profundizar en la privatización de la formación para los desempleados». Estas regiones critican al ministerio por no dialogar sobre el cheque de formación, que debe ser llevado a la práctica por los Gobiernos autonómicos. Esta medida supone la creación de una especie de cuenta virtual en la que el desempleado acumulará un dinero procedente de la cotización para el sistema de formación. Las regiones piden más diálogo.