El Gobierno asturiano promoverá un frente común junto a los de Castilla y León y Aragón para defender la supervivencia de la minería del carbón más allá de este año y rechazar la decisión de empresas como Iberdrola de cerrar sus centrales térmicas en Lada (Asturias) y Velilla (Palencia).

Esta iniciativa se concretará a lo largo del mes de febrero durante el encuentro que el jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, mantendrá con sus homólogos de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de Aragón, Javier Lambán, según ha anunciado el portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez.

La Unión Europea aprobó en 2010 una directiva que obligaba al cierre de todas las explotaciones de carbón deficitarias a finales de 2018 y, en el caso de que continuaran su actividad, a devolver las ayudas públicas que habían recibido en los años precedentes.

Según el portavoz del Ejecutivo asturiano, en caso de que el Gobierno central no lograse de las autoridades comunitarias una flexibilización de las medidas previstas desde 2010 conllevaría "el fin" de la minería en Asturias y el cierre tanto de la empresa pública Hunosa, que da empleo a 1.300 trabajadores, como de las compañías privadas que aún siguen operando en el sector.

"Ante este horizonte, mantenernos a la espera sería una irresponsabilidad", ha apuntado Martínez tras la reunión del Consejo de Gobierno y ha recordado que los gobiernos de Asturias, Castilla y León y Aragón -donde Endesa prevé cerrar en 2020 la central térmica de Andorra (Teruel)- comparten criterios básicos respecto a la transición energética y la minería.

La reunión de los tres presidentes está planteada, según ha apuntado Martínez, para acordar un planteamiento conjunto que será trasladado al Ejecutivo central y a la Unión Europea para que se flexibilice la exigencia de devolver las subvenciones recibidas.

En relación con el anunciado cierre de las centrales que utilizan carbón para la generación de electricidad, el consejero ha señalado que la progresiva reducción de emisiones de carbono, relacionadas con el calentamiento global, no debe hacerse "de manera apresurada" y sin reparar en las consecuencias de un cierre "precipitado".

Esta circunstancia, ha subrayado, tendría incidencia no sólo en el empleo directo -la central de Lada tiene una plantilla de 90 trabajadores- sino de forma indirecta en sectores como el del transporte al repercutir en la actual del puerto gijonés de El Musel cuya principal actividad es el tráfico de graneles.

"Nadie se opone a un proceso conveniente e irreversible hacia un modelo limpio", ha apuntado, pero ha advertido de que el cierre de las térmicas generaría un incremento del precio de la energía que "pondría en jaque" a la industria asturiana y española que tiene un elevado consumo eléctrico en sus procesos productivos.

Además de la reunión con los gobiernos de Castilla y León y Aragón, el Gobierno asturiano, ha asegurado, mantendrá la interlocución con los sindicatos, las empresas, los ayuntamientos de las comarcas mineras y con las fuerzas políticas.

Asimismo, el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, ha confirmado su asistencia a varias reuniones en Bruselas previstas para los días 26 y 27 de febrero después de que el pasado 11 de diciembre se constituyera la Plataforma de las Regiones Mineras en Transición (Coal regions in transition platform).

De dicho organismo forman parte 41 regiones carboneras de 12 Estados de la UE y en su constitución el Principado defendió que el proceso de transición hacia la energía limpia se haga de manera progresiva, equilibrada, no traumática y favoreciendo la innovación.