La Audiencia Nacional ha impugnado el despido colectivo de 128 trabajadores promovido hace casi un año por la agencia de viajes Ekoalfa, que tiene su sede central en Zaragoza. La Sala de lo Social del tribunal tumba el ERE por considerar que no está ajustado a derecho --no se ha demostrado "la concurrencia de causas económicas y productivas"-- y condena solidariamente a la empresa y a su firma hermana, Europea de Representaciones Hoteleras.
Tras un ERE temporal previo, la empresa planteó en febrero del 2013 el despido de todos sus trabajadores (unos 60 de ellos de Zaragoza) aduciendo causas económicas y productivas. Las negociaciones acabaron sin acuerdo con la plantilla y Ekoalfa se declaró en concurso de acreedores sin asumir el pago de las indemnizaciones.
La trabajadores, representados por el despacho de abogados Gutiérrez Arrudi y por César Casado, presentaron una demanda ante la Audiencia para la impugnación del ERE. En ella, denunciaban la "actuación fraudulenta" de los propietarios de Ekoalfa por despatrimonializar la empresa en perjuicio de la plantilla.
La empresa justificó el ERE en la caída de ventas, que pasaron de 41,8 millones de euros (2011) a 33 millones (2012). La Audiencia pone ahora entredicho ese resultado negativo por la confusa relación con Europea de Representaciones Hoteleras, de la que es propietario Francisco de Haro Peinado, que ostenta junto a su mujer, Carmen Borque García, la mayoría del capital de Ekoalfa
Según la sentencia, el declive de la agencia de viajes en el citado periodo se produce en paralelo al "incremento geométrico" registrado por Europea, que quintuplicó su facturación en solo un año (de 2,8 a 15,1 millones) y con cinco trabajadores, "utilizando la marca y los medios personales y materiales" de la matriz. Por ello, la sentencia concluye que ambas sociedades formaban, al menos desde el 2012, una unidad empresarial, "cuya dirección ha sido absolutamente anormal y ha perjudicado a los trabajadores" de Ekoalfa.
Se trata de la primera sentencia del 2014 que impugna un despido colectivo. Contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
