El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará la ampliación de capital del Banco Popular en el 2016. El magistrado ha admitido las cuatro primeras querellas. Se dirigen contra la propia entidad financiera, los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho y miembros del consejo de administración, así como contra PriceWaterhouseCooper, por delitos de falsedad societaria, administración desleal, contra el mercado, falsedad documental y apropiación indebida.
En cuatro autos, el magistrado atiende al criterio de la fiscalía Anticorrupción y acuerda abrir dos piezas separadas. La primera de ellas se refiere a la ampliación de capital realizada por el Banco Popular en el 2016, por importe de 2.505 millones. En la segunda, investigará los hechos relativos a la manipulación del mercado mediante la publicación de noticias que contenían datos o información que la parte querellante califica como falsa, con la finalidad de hacer caer el valor de la cotización de las acciones del banco y poder obtener importantes beneficios. En esta pieza se incluyen los delitos conexos, como el uso de información privilegiada y relevante para la cotización de las acciones con la que los querellados se hubieran podido lucrar.
El juez Andreu ha acordado una batería de diligencias solicitadas por los querellantes, entre ellas citar a declarar a los querellados, aunque aún no ha fijado fecha. También requiere documentación a la CNMV, al Banco Popular y al FROB; al Banco de España le ha pedido que designe a dos funcionarios para que, en relación con el folleto y la documentación en que se asentó la ampliación de capital, determinen si la información contable ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de manipulación o deformación.
DOS PRESIDENTES, DOS ETAPAS
Según el juez, aunque en este caso son diversos los hechos que se denuncian, podrían dividirse en dos grandes fases o etapas: aquella en la que el consejo del Popular estuvo presidido por Ángel Ron, hasta el 20 de febrero del 2017, y la que contó como presidente de la entidad a Emilio Saracho a partir de esa fecha.
Respecto de la primera época se denuncia la operativa realizada para la ampliación de capital del Popular, en el 2016, por 2.505 millones, de forma que para captar el capital de los potenciales inversores habría proporcionado a estos, a través de los folletos informativos, una información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad. Esos hechos serían constitutivos, a juicio del juez, de un delito relativo a los mercados y los consumidores, competencia de la Audiencia Nacional en relación con el concepto de defraudación requerido por el Supremo, y por la grave repercusión del tráfico mercantil, dado el montante de la operación -2.505 millones- así como por los miles de accionistas repartidos por España.
En cuanto a la segunda época se denuncia lo que se entiende como una campaña de desprestigio del Popular a través de la publicación de noticias que contenían datos o información falsa, para hacer caer el valor de la cotización de su acciones y obtener así importante beneficios.
