La Audiencia Nacional ha sacudido los cimientos de Correos. La sala de lo social del tribunal obliga a la sociedad anónima estatal a hacer fijos a los trabajadores contratados como interinos y que lleven más de tres meses en la empresa. El colectivo de afectados puede oscilar entre 12.000 y 15.000 empleados, según los sindicatos demandantes, aunque Correos reduce la cifra a 3.000 y ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo. En Aragón, según estimaron ayer fuentes de USO, el número de afectados rondaría entre los 370 y 400 trabajadores.

La Audiencia estima el conflicto colectivo presentado por USO, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Intersindical Valenciana y la central gallega CIG. Más tarde, CGT se personó como demandante.

El tribunal declara que los trabajadores con contrato de interinidad por un tiempo superior a los tres meses pasen a ser fijos y que no se vean afectados por las pruebas selectivas previstas en el proceso de consolidación de empleos iniciado por Correos. Algunos afectados llevan más de 10 años como interinos, según las centrales.

El fallo aplica a Correos el Estatuto de los Trabajadores al determinar que "esta sociedad no puede ser considerada Administración Pública", puesto que el Estado la convirtió, en junio del 2001, en sociedad anónima estatal con la correspondiente inscripción en el registro mercantil.

En las empresas privadas, los contratos de interinidad están previstos para cubrir un puesto de trabajo mientras se encuentra al candidato para ocupar el empleo, aunque no puede superar los tres meses. En cambio, la Administración puede contratar a los interinos durante el tiempo que dure la búsqueda.

Según la sentencia, Correos ha continuado celebrando "infinidad de contratos temporales de interinidad por vacante, hasta la fecha de las demandas al menos, con duración superior a tres meses, basándose en lo establecido en el convenio colectivo", firmado con los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF. La regulación del contrato de interinidad en el convenio "padece de ilegalidad", según el tribunal.

Correos destacó que la aplicación de la sentencia implicaría una "distorsión grave" en la consolidación de 6.000 empleos, para los que se presentaron a un examen 25.003 candidatos de la propia empresa entre interinos y eventuales y 17.792 sin relación con ella. La compañía añadió que el convenio tiene el aval de los sindicatos que representan a más del 70% de la plantilla y que los demandantes sólo suman el 7,5% de la representación.