La Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado la petición de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) de ampliar la querella que presentó la caja contra su exdiretor general Tomás García Montes, Javier Alfaro (responsable de CAI Inmuebles para la zona centro y sur de España) y Ramón Marrero (exsocio de la caja en Andalucía) por delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa. De esta forma, el tribunal rechaza el recurso de apelación que formuló el sindicato contra el auto de la jueza que instruye la causa. CIC quería que se investigaran presuntas irregularidades detectadas en la concesión de créditos a determinadas empresas y de las que se podrían derivar responsabilidades penales.

El sindicato CIC manifestó ayer su "respeto" por la resolución judicial, aunque anunció que tiene previsto presentar una nueva querella en la que se recojan las operaciones llevadas a cabo por la caja, al margen de las que instruye a día de hoy la jueza, que consisten en la reestructuración de las empresas que gestionaba Marrero, así como la realización de un viaje a Egipto y la adquisición de pisos por parte de estos directivos. CAI cifró en 12,6 millones de euros el agujero generado por estas actuaciones, según un informe elaborado por KPMG para la entidad.

De esta forma, esta próxima semana CIC mantendrá una reunión con los servicios jurídicos del sindicato para "plantear la nueva estrategia a seguir en esta causa", apuntaron a este diario.

PERTINENTE Y NECESARIO

El auto de la Audiencia de Zaragoza señala que la admisión del recurso debe pivotar sobre que el hecho que se requiere sea "pertinente", es decir, que "venga a propósito del objeto de enjuiciamiento y guarde auténtica relación con él". Además, debe ser "necesario", esto es, "se puede extraer información de la que es menester disponer para la decisión sobre algún aspecto esencial...". Por tanto, concluye: "no es ni procendente ni necesaria para la investigación de los hechos objeto de la presente causa".

En la petición de ampliación de la causa, CIC señaló como "evidencias" el hecho de que una de las sociedades inmobiliarias de CAI, Arcai Inmuebles, perdió solo en el 2009 más de 26 millones, aunque en su día únicamente notificó números rojos por 815.132 euros. Solo entre 2009 y el 2011, esta sociedad registró pérdidas por valor de más de 42 millones --26,4 millones en el 2009, 5,1 millones en el 2010 y 10,8 millones en el 2011--. Se trata de operaciones que "tienen que ser investigadas", apuntó el sindicato. Precisamente, Caja3 (liderada por CAI) decidió disolver Arcai Inmuebles en una junta general extraordinaria celebrada el pasado 1 de marzo.