El juicio a la excúpula de Caixa Catalunya discurre en tablas. Entre el debate ético y la evaluación de si hubo transgresión legal. El tribunal de la Audiencia de Barcelona debe acumular durante las 38 sesiones del juicio los elementos necesarios para dictaminar la responsabilidad de los 41 acusados, encabezados por el exdirector general Adolf Todó, en la acusación de haber elevado «de manera desproporcionada» sus retribuciones y las de los principales directivos «sabedores de la situación de crisis de la entidad o, al menos, en condiciones de conocerla».
La jornada de ayer vino a esbozar las estrategias de la defensa y la acusación en torno al meollo del asunto, la evaluación salarial de los directivos de Caixa Catalunya. Entre otros, tomó asiento ayer en el banquillo como testigo Antonio Valdivia, firmante y coautor del informe del bufete Garrigues que elaboró en el 2010 un análisis de las retribuciones de la alta dirección de Caixa Catalunya. Por aquel entonces, el informe debía servir quizá como patente de corso de las decisiones del consejo de retribuciones a la hora de aprobar los emolumentos de la dirección. Y Valdivia fue claro: «En aquel momento no se podía inferir que se contraviniese ninguna ley», aunque también se advertía a la dirección de Caixa Catalunya de que la normativa sobre retribución a directivos «estaba pendiente de concreción por parte de la Comisión Europea». Garrigues se limitó a hacer lo que le pedían; examinar las retribuciones de la dirección y comprobar su adaptación al marco normativo existente. .
El fiscal preguntó si la evaluación de las políticas retributivas no tenía que estar acorde con las perspectivas de la entidad. «No teníamos esa información», respondió Valdivia. Antes, Maldonado ya había evidenciado que el alza de las retribuciones se acordó en pleno proceso de expediente de regulación y con la propuesta de rebajas salariales para la plantilla como una forma de reducir despidos.
