Sigue el goteo de demandas contra la decisión de las autoridades europeas y españolas de intervenir el Popular y venderlo al Santander por un euro. Tres despachos de abogados recurrieron ayer ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la medida adoptada por la junta del Mecanismo Único de Supervisión (MUR). Se trata de Cremades y Calvo Sotelo, que dice representar a casi 4.000 afectados, Rúa Abogados, que afirma actuar en nombre de más de 2.000, y Cremades y Asociados.
El grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle, que poseía el 4,13% de las acciones y que fue el que provocó la caída del expresidente del Popular Ángel Ron a comienzos de año, también presentó un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo el viernes.
Paralelamente, tanto Cremades y Calvo Sotelo como Rúa Abogados, además del despacho Navas y Cusí, tienen la intención de presentar recursos contencioso-administrativos el 1 de septiembre en la Audiencia Nacional contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como autoridad española encargada de implementar la decisión del MUR. La resolución del Popular se produjo el 7 de junio y hay dos meses para recurrirla, plazo que terminaba ayer, pero los letrados afirman que, al ser agosto inhábil, el periodo se prolonga un mes más.
La semana pasada, la Audiencia Nacional ya rechazó la petición de cerca de un centenar de accionistas del Popular de suspender la intervención y venta del banco por entender que no existían las razones de urgencia exigibles para ello. Los magistrados descartaron tomar esta medida cautelarísima y la volverán a analizar como medida cautelar a la vuelta del verano. Fuentes jurídicas explicaron entonces que la Audiencia recibe a diario recursos de personas físicas y jurídicas por la resolución de la entidad. Entre otras, ya ha admitido a trámite una de la OCU y la del despacho Ontier.
