Un gesto, un guiño, en definitiva, apoyo público por parte del Gobierno hacia los vehículos de combustión para dar certidumbre a los consumidores sobre la compra de un coche diésel o gasolina nuevo. Ese es uno de los principales reclamos del sector de la automoción y así se lo han trasladado al Gobierno, junto con otras dos peticiones: "dejar claro" que España no irá más allá que la Unión Europea en materia de emisiones de CO2 y un plan de achatarramiento para los vehículos viejos (más de 12 años) que actualmente están en circulación.

Esos han sido los tres condicionantes que los sindicatos (CCOO y UGT) y las patronales del sector fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto), distribución (Ganvam), proveedores (Sernauto) e importadores (Aniacam)- han puesto sobre la mesa en una reunión con el secretario de Estado de Industria y Pyme, Räul Blanco, para firmar el 'Acuerdo estratégico del sector de automoción español', que tiene previsto aprobarse antes del día 5 de marzo.

El documento, que estima una dotación presupuestaria de 2.700 millones de euros entre 2019-2025, recoge las propuestas que estos agentes plantearon al Ejecutivo allá por el mes de octubre, tras la aparición pública del borrador del anteproyecto de ley que ponía fecha (2040) al final de los coches de combustión y que desató la polémica. Si bien, dicho anteproyecto ya ha sido aprobado con una redacción suavizada ("no más tarde de 2040 todos los vehículos nuevos no comerciales ligeros sean cero emisiones de CO2", dice ahora el texto), el sector pide ir más allá al Ejecutivo y dar un nuevo paso para hacer olvidar a los consumidores de que el fin de estos motores sea inmediato.

Así, el sector reclama que se ponga el foco en el presente para fomentar la compra de nuevos vehículos diésel y gasolina para intentar borrar el efecto que ha tenido el 'adiós al diésel' y del cierre a la circulación de determinados vehículos en los centros algunas ciudades. "Los consumidores desconocen si su opción se va a ver castigada", aseguran.