El Gobierno ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para ejercer un mayor control sobre las bajas laborales por enfermedad y reducir el creciente gasto de la Seguridad Social por estas coberturas. El nuevo convenio desbloquea la situación de enfrentamiento entre el Ejecutivo central y las autonomías, lo que permitirá que éstas reciban este año 277 millones de euros (47.000 millones de pesetas), en vez de los 83 millones previstos.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, explicó ayer que los objetivos del acuerdo son "mejorar la gestión y racionalizar el gasto" por la incapacidad laboral transitoria, que en los últimos años ha sufrido un "crecimiento demasiado elevado". Caldera precisó que en el 2002 y 2003 se registraron sendos incrementos del 13% en el gasto por bajas por enfermedad, lo que "no se corresponde con el aumento del número de afiliados ni de los salarios que se perciben".

El ministro recordó que el convenio trienal firmado en el 2002 con las autonomías por el anterior Gobierno del PP no llegó a aplicarse, ya que condicionaba la aportación de los fondos a unos objetivos de reducción del gasto "poco realistas y demasiado exigentes". "Ahora es más útil flexibilizar esos requisitos", dijo.

Por otra parte, la Seguridad Social ha descubierto que el control de las bajas por enfermedad produce un buen número de recuperaciones milagrosas . En España, se estima que hay una media de 250.000 trabajadores que se hallan en esta situación. Según datos oficiales, el Seguro suele llamar cada año a unos 80.000 empleados que están de baja para comprobar su estado de salud. Pues bien, el 25% de ellos no acude a la cita con el pretexto de que ya tienen el alta en la mano.