El Tribunal de Cuentas se ha pronunciado por primera vez sobre el despilfarro que supone el rescate de las autopistas radiales quebradas y, en un informe de auditoría de las cuentas del país, apunta que la factura pública podría alcanzar 3.718 millones de euros. Este es el importe al que tendría que hacer frente el Estado en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por el carácter fallido de las concesiones y la reversión de los activos a manos públicas. Un hecho que se producirá en los primeros meses del 2018, tal y como confirmó el jueves el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El objetivo del departamento es relicitar los activos en el mismo año por un importe aproximado a los 700 millones de euros y amortiguar el impacto del rescate sobre el déficit público.
El Ministerio de Fomento prevé que durante 2018 volverá a sacar a concurso las nueve autopistas de peaje en quiebra para ceder su explotación a empresas privadas mediante contratos de concesión, toda vez que estima que será el próximo año cuando se vean abocadas a la liquidación y, por tanto, reviertan al Estado. Así lo anunció De la Serna, quien remarcó que el objetivo es relicitar las autopistas "en el menor tiempo posible".
"Que no pase mucho tiempo entre la liquidación y la nueva licitación para poder compensar con los ingresos que genere su adjudicación el importe que suponga la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA)", explicó.
De la Serna no entró a cifrar este importe, el que deberán abonar a los actuales concesionarios de las vías por la inversión que realizaron en su construcción, si bien reiteró que se trata de una cifra "por debajo de los valores que están diciendo desde el sector", que la estiman en unos 5.000 millones. Hoy el Tribunal de cuentas sitúa el valor en los 3.718 millones.
LA SEITTSA, PREPARADA
"Nosotros estamos preparándonos a través de la empresa pública Seittsa para que sea esta firma la que asuma la gestión de cada una de ellas cuando reviertan a la Administración General del Estado", explicó el ministro.
Las nueve vías que actualmente están en quiebra, con una deuda total de unos 3.200 millones de euros, son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena Vera, la circunvalación de Alicante y la que une la capital con el aeropuerto de Barajas.
El rescate de la vías y su posterior relicitación constituye la nueva hoja de ruta que hace unos meses planteó Fomento para estas infraestructuras, tras fracasar el plan original, que pasaba por pactar una quita de deuda y quedarse con las vías a través de una empresa pública.
La mejora de los tráficos que estas autopistas vienen registrando en los últimos meses, y la imposibilidad de negociar con sus acreedores, dado que la deuda está en su mayoría en manos de 'fondos bruitres', fue lo que llevó a Fomento a modificar su planteamiento.
