El Tribunal de Cuentas se ha pronunciado por primera vez sobre el despilfarro que supone el rescate de las autopistas radiales quebradas y, en un informe de auditoría de las cuentas del Estado, apunta que la factura pública podría alcanzar 3.718 millones. Este es el importe al que tendría que hacer frente el Estado en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por el carácter fallido de las concesiones y la reversión de los activos a manos públicas. Un hecho que se producirá en los primeros meses del 2018, tal y como confirmó el jueves el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
El objetivo del Gobierno es relicitar los activos en el mismo año por un importe aproximado a los 700 millones y amortiguar el impacto del rescate sobre el déficit público. Pero difícilmente podrá compensar el coste de la RPA. En el informe del Tribunal de Cuentas se concreta que la responsabilidad patrimonial de la Administración, tanto por construcciones como por expropiaciones, alcanzaban los 3.718,3 millones. «Todo ello, sin perjuicio de las indemnizaciones por expropiaciones de terrenos que el Estado tuviera que abonar en virtud de resoluciones judiciales que se puedan producir en futuros ejercicios».
Fomento prevé que en el 2018 volverá a sacar a concurso las nueve autopistas de peaje en quiebra para ceder su explotación a empresas privadas mediante contratos de concesión, toda vez que estima que será el próximo año cuando se vean abocadas a la liquidación y, por tanto, reviertan al Estado. Así lo anunció De la Serna, quien remarcó que el objetivo es relicitar las autopistas «en el menor tiempo posible».
De la Serna no entró a cifrar este importe, el que deberán abonar a los actuales concesionarios de las vías por la inversión que realizaron en su construcción, si bien reiteró que se trata de una cifra «por debajo de los valores que están diciendo desde el sector», que la estiman en unos 5.000 millones.
GESTORA PÚBLICA / «Nosotros estamos preparándonos a través de la empresa pública Seittsa para que sea esta firma la que asuma la gestión de cada una de ellas cuando reviertan a la Administración General del Estado», explicó el ministro esta semana. El rescate de la vías y su posterior relicitación constituye la nueva hoja de ruta que hace unos meses planteó Fomento para estas infraestructuras, tras fracasar el plan original, que pasaba por pactar una quita de deuda y quedarse con las vías a través de una empresa pública.
La mejora de los tráficos que estas infraestructuras vienen registrando en los últimos meses, y la imposibilidad de negociar con sus acreedores, dado que la deuda está en su mayoría en manos de fondos oportunistas, fue lo que llevó a Fomento a modificar su planteamiento.
Efectivamente el tráfico ha mejora, pero sigue sin justificar la razón de la existencia de estas vías de pago. Al cierre de los cinco primeros meses, la autopista radial R-5 Madrid-Navalcarnero registró un mayor crecimiento de tráfico, con un 25%, por delante de la R-4 Madrid-Ocaña (17%) y la AP-36 Ocaña-La Roda (16,8%). Tan solo la radial R-3 Madrid-Arganda y la M-12 Eje Aeropuerto, la que une Madrid con el aeródromo de Barajas, crecieron por debajo de la media de toda la red de pago (un 7,2%), dado que su tráfico se incrementó un 2,10% y un 3,3%, respectivamente.
En el lado opuesto, la vía con problemas que menor número de usuarios tiene es la AP-41 Madrid-Toledo, que no cuenta ni un millar de coches al día (971 de media diaria en los cinco primeros meses).
