La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) presentó ayer una propuesta de reforma de la Seguridad Social con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la cuantía actual de las prestaciones. En la práctica, la propuesta pasa por trasladar al Estado el agujero crónico de las cuentas de la Seguridad Social al tiempo que se frenan las prejubilaciones y se aumenta el periodo de cálculo de las prestaciones.

El presidente de la Airef, José Luis Escrivá, ya presentó las líneas generales de su propuesta a los diputados integrantes del Pacto de Toledo hace unas semanas. Esta suerte de reforma indolora que plantea la Airef se asienta sobre cuatro medidas: a corto plazo se plantea reducir en 3,5 puntos la cotización por desempleo (que genera excedentes) y aumentar en la misma medida la destinada a financiar las pensiones; también a corto plazo se plantea traspasar al Estado el gasto social ligado a ayudas asistenciales por desempleo, a prestaciones por maternidad y paternidad y a incentivos a la creación de empleo; a medio plazo se plantea frenar las prejubilaciones y acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Para el 2027, cuando la edad legal de jubilación será de 67 años, se prevé que la edad real será de 64,5 años. Lo que plantea la Airef es reducir esta brecha de 2,5 años; la segunda reforma que se plantea a medio plazo consiste en alargar de 25 a 35 años cotizados el periodo para el cálculo de la prestación.

Estos cuatro pilares, según Airef, permitirían compensar la decisión política del Pacto de Toledo de actualizar la cuantía de las pensiones de acuerdo al IPC y enterrar el anterior índice de revalorización de las pensiones que limitaba la subida al 0,25%.

EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Visto así, la Airef parece haber llegado a la conclusión de que sí es posible actualizar las pensiones de acuerdo a la inflación y mantener un nivel de prestaciones similar al actual si a corto plazo se endosa al Estado el déficit actual del sistema y, a medio plazo, se aborda una «profundización en las reformas paramétricas de 2011» (edad de jubilación y periodo de cálculo). El planteamiento de la Airef, además, parte del hecho de que en el futuro se aplicará el factor de sostenibilidad diseñado por el Gobierno del PP (año 2013) para adecuar la cuantía inicial de las pensiones a la esperanza de vida.

Esta reforma indolora de las pensiones, sin embargo, pasa por el hecho de que sea el Estado quien asuma el déficit estructural de la Seguridad Social, que se sitúa entre el 1,3% y el 1,5% del PIB (entre 14.500 y 16.800 millones de euros actuales).

Desde el punto de vista de la Airef es el Estado quien dispone de «palancas» para poder afrontar una situación de déficit público, ya sea por la vía de los impuestos o por la de los gastos. Según sus cálculos, trasladar al Estado todos los gastos de estímulo a la creación de empleo en forma de reducciones a la cotización y subvenciones, las prestaciones por maternidad y paternidad y los gastos de funcionamiento liberaría a la Seguridad Social de una carga de unos 7.000 millones de euros.

Además, los ingresos por cotizaciones podrían aumentar en unos 10.400 millones si las cuotas por contingencias comunes suben en 3,5 puntos. Como este aumento se vería compensado por una reducción similar en la actual cotización por desempleo (del 7,1%), la carga total del 35,4% que pesa sobre los salarios no debería verse afectada.

A medio plazo, se estima que cada año de aumento de la edad efectiva de jubilación supone un ahorro de 0,4 puntos de PIB y una mejora de la cuantía de la pensión. Además, alargar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de la pensión permitiría otro ahorro, equivalente a 0,5 puntos de PIB, en el horizonte del 2050, según los cálculos de la Airef.

Con estas reformas, la actual relación entre pensión media y salario medio (del 57%) tendría un leve retroceso en el horizonte del 2048 (entre el 53% y el 57%), en todo caso mucho más suave del que se desprendería de seguir aplicando el índice de revalorización del 0,25%, que situaría la tasa de cobertura de la prestación por jubilación en el 45% del sueldo medio dentro de 30 años.