La Comisión Europea decidió que la empresa naval Izar deberá devolver 1.100 millones de euros de ayudas públicas ilegales concedidas entre 1998 y el 2002.

Tras conocerse esta situación, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) diseñó un plan de viabilidad, aprobado por el Gobierno, que prevé la separación de las actividades militares y civiles y la reducción no traumática de puestos de trabajo. Los astilleros militares son más rentables que los civiles, con carga de trabajo que va desde el 65% de la capacidad en San Fernando (Cádiz) hasta el 100% en Ferrol y Cartagena. Por el contrario, los astilleros civiles producen con un coste medio un 25% superior al precio de mercado y su carga de trabajo es del 7% en Sestao y no supera el 65% en Gijón y en Sevilla. La SEPI propone buscar socios privados que inyecten capital.

Los sindicatos rechazaron estos planes y convocaron una huelga en todos los centros de trabajo para el próximo martes. Además presentaron un preaviso de huelga que deja abierta la puerta para un periodo de movilizaciones más amplio, entre el 15 y el 30 de este mes. Las protestas ya se han producido en varios astilleros.

El miércoles, el PP, el PNV, IU y el PSOE harán cuatro preguntas al Gobierno para que explique su plan para los astilleros.