El ayuntamiento oscense anunció ayer que pondrá en marcha un plan para intentar paliar los efectos del cierre de Alvisa (propiedad del grupo Prainsa) en Huesca, debido a la "preocupación" que existe en relación a este proceso. Así, consideran que "si la antigüedad de las infraestructuras --debido a la ausencia de inversiones de la compañía en los últimos años-- hace irreversible el cierre de la planta, la empresa debe comprometerse a cumplir determinados requisitos".

Asímismo, en relación a los trabajadores, el consistorio sostiene que el cierre debe ser "consensuado" para que, tanto los que opten a recolocaciones como aquellos que puedan acceder a indemnizaciones "lo hagan en las mejores condiciones posibles". También sostienen que los terrenos (propiedad de la empresa de prefabricados) deben destinarse a establecer nuevas industrias que generen nuevos puestos de trabajo que sustituyan a los que ahora se destruyen.

Por todo ello, el ayuntamiento tiene previsto establecer un programa de encuentros con la DGA, la empresa, sindicatos y empresarios, según afirman en un comunicado.

CONFLICTO ABIERTO Por otro lado, la jornada de hoy será clave para desbloquear otro de los conflictos abiertos en la provincia de Huesca. En concreto, se trata del problema surgido entre el Ayuntamiento de Monzón y la empresa El Quiteriano (Magdalenas Heras), sobre la que pesa un decreto de cierre, ya que "lleva 10 años sin legalizar su situación", según apuntó la concejala de Urbanismo, Elisa Sanjuán, quien también aludió al malestar existente entre los vecinos.

Durante la reunión mantenida entre ambas partes el martes por la noche se expusieron dos opciones: legalizar la situación en la zona donde está ubicada la empresa o proceder al traslado, en cuyo caso "daríamos todas las facilidades", afirmó Sanjuán. El encuentro de hoy pretende alumbrar una solución.

Mientras, el grupo parlamentario de CHA en las Cortes aragonesas--partido del que forma parte el concejal de Fomento de Monzón, Juan Antonio Blasco-- ha instado a la DGA a mediar en el conflicto para garantizar la continuidad de su actividad. Además, también quiere conocer si el Ejecutivo tiene previsto ofrecer ayudas a la empresa para facilitar su traslado al polígono industrial del municipio.

Finalmente, el diputado del PP en las Cortes de Aragón, Miguel Angel Lafuente, criticó ayer al Gobierno aragonés a raíz de un informe publicado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio en el que hace referencia al último puesto que ocupa Aragón en creación de empresas. Así, Lafuente calificó la gestión del consejero de Industria, Arturo Aliaga de "lamentable", al tiempo que aludió al cierre de empresas como Mondecab, en Ejea de los Caballeros y de Moulinex en Barbastro, entre otros.