Además del impuesto de actos jurídicos documentados, la mayoría de los gastos de constitución de las hipotecas. El Congreso acordó ayer que los bancos pasen a hacerse cargo de los costes de gestoría, notaría y registro de los crédito para la compra de vivienda, mientras que el pago de la tasación lo tendrá que abonar el cliente, que también deberá pagar las copias adicionales de las escrituras que solicite, pero no la primera. En un préstamo medio de 150.000 euros, la tasación ronda los 330 euros, con lo que los bancos tendrán que asumir los cerca de 3.000 euros del impuesto y los 1.670 euros del resto de gastos.

La Comisión de Economía de la cámara alta lo aprobó ayer como una enmienda al proyecto de ley de contratos inmobiliarios que elaboró el Gobierno anterior. El objetivo es fijar por ley el reparto de los gastos tras años de sentencias contradictorias. El portavoz socialista en la comisión, Gonzalo Palacín, explicó que la medida busca dar «seguridad jurídica a todas las partes y evitar la litigiosidad» que se ha producido tras años en que las «cosas no se han hecho bien». La iniciativa tuvo un apoyo muy amplio, pero no unánime. Unidos Podemos no está de acuerdo con este reparto porque quiere que los bancos tengan que asumir todos los gastos, incluido el de la tasación.

El diputado socialista argumentó que la tasación la pagará el cliente porque la futura ley le permitirá solicitar dicha valoración del inmueble a la empresa que quiera (hasta ahora era habitual que el banco impusiese la compañía, muchas veces una de su propio grupo). La norma pretende que el cliente pueda llevar su tasación a distintas entidades para ver qué condiciones hipotecarias le ofrecen. Para ello, se va a incluir en el texto una disposición adicional que homologará las tasaciones, de modo que sean válidas ante cualquier banco.

Los partidos también acordaron que la ley recoja la opción que tienen las partes de pactar la dación en pago (la entrega del inmueble o de los ingresos obtenidos por su venta para saldar la deuda), una posibilidad que ya está reconocida en la ley hipotecaria de 1946 pero que se quiere reforzar ahora con una exigencia de mayor transparencia en la información al consumidor. Sin embargo, la mayoría se opuso a obligar a las entidades a tener que aceptar la dación en pago por sistema, como proponía Unidos Podemos.

ACUERDOS

La Comisión de Economía iba a reunirse el martes de la semana pasada para incorporar al proyecto de ley la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. El retraso en un día del sorprendente fallo del alto tribunal, que obligaba a los clientes a pagar el tributo, sumado al cambio legal aprobado por el Gobierno para que lo abonen los bancos, llevó a los grupos parlamentarios a posponer el encuentro hasta ayer. La ponencia de la comisión ha cerrado ya varios acuerdos hasta el artículo 20 del proyecto, pero quedan por negociar otros 27 artículos y varias disposiciones adicionales.

El más complejo de pactar de los puntos que quedan por tratar es el que prevé endurecer las condiciones para que las entidades puedan declarar el vencimiento anticipado del crédito por incumplimiento del hipotecado, paso previo para iniciar el proceso de desahucio. El Ejecutivo anterior quería que las entidades pudieran iniciarlo si el hipotecado había dejado de pagar las cuotas durante nueve meses (hasta el 2013 eran tres) y la cantidad en mora equivalía al 2% del capital del crédito o al 4% si se producía en la segunda parte de la vida del préstamo. Los socialistas proponen elevar esos topes al 3% y al 7%, respectivamente.

Otro punto pendiente es si habrá o no sanciones para los bancos que no examinen debidamente la solvencia del cliente antes de darles el crédito.