ELas entidades financieras han mejorado su colaboración con el Gobierno en la prevención del blanqueo de capitales. El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, presentó ayer el informe titulado Principales logros del Ministerio de Economía 1996-2004 en el que se afirma que en el 2002, el sector financiero informó al Gobierno sobre más de 200.000 operaciones sospechosas de sus clientes.

Según el informe presentado por Rato, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (antiguo Sepblac) ha practicado 78 inspecciones e incoado 14 expedientes sancionadores sobre entidades financieras y otros agentes que no han cumplido su obligación de informar sobre operaciones sospechosas. Las multas impuestas superan los tres millones de euros (499 millones de pesetas).

OBLIGACIONES La normativa sobre prevención de blanqueo de capitales vigente hasta julio del 2003 obligaba a comunicar a Economía todos los movimientos en metálico o cheques superiores a los 30.050 euros.

La nueva ley obliga a comunicar los movimientos superiores a 6.000 euros por persona y viaje fuera de España, así como los que se realicen dentro del país por más de 80.500 euros (13,4 millones de pesetas). La normativa obliga a bancos y cajas a informar sobre los titulares de cuentas sin retención, sobre las personas autorizadas de las llamadas cuentas transitorias (numeradas) o sobre operaciones con paraísos fiscales.

La obligación de informar no sólo afecta a las entidades financieras. También a aseguradoras, fondos de inversión, gestoras de cartera, firmas de tarjetas de crédito, casinos, inmobiliarias y comercio de joyas, antigüedades y filatelia. La ley del 2003 extiende la obligación de informar sobre actividades sospechosas a auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y procuradores que participen en operaciones inmobiliarias o de gestión de fondos o valores. La ley dice que "los sujetos obligados recabarán de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial" y deberán "comprobar razonablemente" la veracidad de la misma.

Economía ultima un reglamento que desarrollará las obligaciones de todos estos agentes, así como la exigencia a las entidades financieras de identificar a los ordenantes de transferencias electrónicas. Incumplir las obligaciones de información puede ser sancionado con multa de hasta 6.000 euros.