Doble defensa de dos instituciones cuestionadas: el Banco de España y la banca. José María Roldán, actual presidente de la patronal de los bancos tradicionales no surgidos de cajas (la AEB) y exdirector de regulación del organismo supervisor, defendió ayer que la crisis habría sido «aún más intensa y dolorosa» y que España «probablemente aún» no la habría superado de no ser por los bancos, que no por las cajas. Asimismo, afirmó que su antigua casa podría haber hecho más, pero se vio limitada por sus escasas competencias: «Pedir a una circular del Banco de España que cambie el modelo de crecimiento de España era imposible».

Durante su comparecencia en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso (y que preside Ana Oramas), Roldán aseguró que los bancos (no las cajas) no tuvieron que ser rescatados con dinero público (soslayó el caso del Banco de Valencia, controlado por Bancaja) y que han sido una fuente de «estabilidad» y no de «problemas», en particular el Santander y el BBVA. Los bancos, argumentó, asumieron las «pérdidas de la economía real» (es decir, los créditos impagados), y al mismo tiempo, «ayudaban a sus clientes a acomodar sus deudas y pagos».

Durante su comparecencia, los grupos parlamentarios le echaron en cara que, como otros exdirectivos del Banco de España que han pasado por la comisión, defendiera el papel de la institución antes y durante la crisis. «La autocrítica tiene que ser constructiva, para aprender de los errores y evitar repetirlos», sostuvo Roldán, antes de apuntar que la máxima responsabilidad es de los gestores de los bancos quebrados: «La misma regulación permitió que el 70% del sector sobreviviera y el 30% cayera».

PSOE, Podemos y Ciudadanos también cuestionaron su paso a la AEB después de ser director general del Banco de España entre el 2000 y el 2003. Roldán les recordó que cumplió los seis meses de incompatibilidad que fija la norma, negó haber usado una «puerta giratoria» y aseguró que cuando dejó el de supervisor todavía no tenía trabajo. En este sentido les pidió como legisladores una normativa «clara y predecible» para que los ciudadanos puedan ejercer su «derecho al trabajo» sabiendo las consecuencias a las que se exponen por ocupar un cargo público.

El líder patronal, además, advirtió de que España aún no cuenta con una autoridad macroprudencial que pueda limitar el porcentaje que los créditos financian respecto al valor de los pisos.