Los economistas lo vienen advirtiendo desde hace tiempo y este martes lo ha constatado el Banco de España: en la Unión Europea se ha producido una "pérdida significativa de impulso reformador, una vez que se han dejado atrás los años inmediatamente posteriores a la crisis financiera". Además, advierte, es "especialmente reseñable el insuficiente progreso" en las reformas en los países que registran desequilibrios macroeconómicos, entre los que figura España junto a otro 12 Estados miembro.

En un informe, el organismo supervisor insta a aprovechar la actual fase de crecimiento para recuperar "margen de maniobra en las políticas fiscales nacionales, potenciar el buen funcionamiento del mercado interno y crear condiciones favorables para fomentar la inversión y aumentar la productividad y el crecimiento potencial". Asimismo, alerta de que la efectividad de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento "es todavía incierta" cuando no se producen déficits excesivos, como sucede ahora, y reclama que España cree un Comité Nacional de Productividad (CNP), ya que es uno de los pocos países que no lo ha hecho junto con Austria, Italia, Letonia y Estonia.

El Banco de España destaca que, según la Comisión Europea, España debe adoptar medidas para mejorar la productividad, utilizando los ingresos extraordinarios para reducir la deuda pública, apoyando la inversión en los ámbitos señalados como prioritarios y mejorando las capacidades y la empleabilidad de los trabajadores. Como la mayoría de los Estados miembros de la UE, lamenta, el país hizo un seguimiento "limitado" de las recomendaciones que le presentó el Ejecutivo europeo para el 2018.

RECOMENDACIONES

Para el 2019, Bruselas ha instado a España a cumplir los objetivos de déficit, lo que requiere un ajuste estructural anual del 0,65% del PIB; mejorar la gobernanza fiscal fortaleciendo los marcos presupuestarios y de contratación pública; acelerar la reducción de la deuda pública; y preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones. También le ha llamado a impulsar la inversión destinada a la innovación, la eficiencia energética y las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías, así como a ampliar las interconexiones energéticas. Asimismo, le ha subrayado la necesidad de avanzar en la aplicación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para que, en particular en el caso de los servicios, las normas por las que se rigen el acceso a las actividades económicas y su ejercicio sean coherentes con los principios de dicha ley.

En materia laboral y social, la Comisión ha recomendado al Gobierno enfocar las políticas activas del mercado de trabajo en garantizar un apoyo efectivo de los servicios sociales y de empleo; favorecer la transición hacia contratos indefinidos simplificando el sistema de incentivos a la contratación; mejorar el apoyo a las familias reduciendo la fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo y subsanando las carencias en la cobertura de los regímenes autonómicos de renta mínima; y reducir el abandono escolar prematuro teniendo en cuenta las disparidades regionales e incrementando la cooperación entre los sectores educativo y empresarial.