Nuevo argumento, misma queja. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, se sumó ayer a la protesta unánime de los banqueros contra el impuesto al sector que prepara el Gobierno. Pero lo hizo con un enfoque distinto, que además afecta al bolsillo de los contribuyentes: la tasa dificultaría la privatización de la entidad y por lo tanto la recuperación de las ayudas públicas inyectadas. «Cual sea la tasa fiscal de Bankia en el futuro es relevante y afecta al precio de la acción», advirtió.

El ejecutivo defendió que no se debe gravar de forma excepcional al sector con el argumento de que se le rescató, porque a quien se salvó fue «a los depositantes», ni tampoco con el de que sus beneficios son altos, porque ello «no es cierto». Así, recordó que la rentabilidad del sistema financiero (8,3% en el caso de Bankia) está por debajo del coste que debe de pagar por su capital (entre el 9% y el 10%). «No parece que tenga sentido poner un impuesto discriminatorio a la banca porque tiene que ser rentable, que es la antesala de la solvencia. No ser rentable acaba por poner en peligro la solvencia», alertó.

Sevilla, por otra parte, no quiso valorar la posibilidad que está encima de la mesa del Gobierno de alargar el plazo de privatización de Bankia más allá del final del 2019 previsto ante la dificultad para recuperar las ayudas.