"Se ha hecho todo lo que se podía hacer. No tenemos más margen de maniobra". Estas frases fueron las que empleó ayer el consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés para evidenciar que el cierre de la planta de Moulinex en Barbastro y el despido de sus 271 empleados es algo inevitable. Por ello, todos los esfuerzos del Ejecutivo se centrarán, a partir de ahora, en paliar los efectos que provocará en el empleo y en recuperar la actividad industrial en la zona.
La comparecencia de dos consejeros --Bandrés y el titular de Industria, Arturo Aliaga-- ayer en las Cortes de Aragón, así como la necesidad de habilitar una sala para que ésta fuera seguida a través de una pantalla, hablaban de la gravedad del asunto que se iba a tratar. El alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela; el presidente del comité de empresa, Juan José Leache, y representantes institucionales de la comarca del Somontano, siguieron in situ las explicaciones de ambos consejeros y se llevaron el compromiso de que Barbastro "será prioritario" como foco de desarrollo de la comunidad.
Para ello, Bandrés, que llevó el timón de la comparecencia, esbozó un plan que contempla la recolocación "a medida" de los trabajadores (a través del seguimiento individualizado de cada caso por el Inaem) y la exigencia de que la multinacional busque empresas de recolocación capaces de ofrecer alternativas laborales. Además, dijo que está "sobre la mesa" la construcción de un nuevo polígono industrial en la capital del Somontano, así como que las naves se encuentran a disposición de alguna compañía interesada a un precio "razonable, negociado y simbólico". Una oficina de promoción económica en Barbastro y la participación de la sociedad de capital riesgo del Gobierno de Aragón en las iniciativas empresariales que puedan surgir son otras de las medidas propuestas. En definitiva "estamos trabajando en todos los frentes en los que tenemos instrumentos", aseguró.
INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA El consejero de Economía señaló que "nada hacía predecir el cierre", y que la empresa "no lo tenía previsto" a finales del 2003, ya que fue en el primer trimestre cuando se planteó la clausura de la fábrica, que no recibió ninguna subvención, por parte de la DGA, matizó Bandrés.
Sin embargo, se mostró contundente al afirmar que la compañía "incumplió" la claúsula en la que se garantizaba que no habría despidos en dos años. Por ello, aunque dijo que "no hay posibilidad de reclamación jurídica, ni podemos pedir indemnizaciones, no aceptaremos ningún expediente", lo que "reforzará la capacidad negociadora de los trabajadores". Además, destacó que "vamos a llevar a cabo un proceso de fiscalización del proceso".
"DESMORALIZADOS" A la conclusión de la comparecencia, Leache dijo sentirse "desmoralizados", porque "creíamos que iba a aportar más luz al tema de los empleos". Así, echó de menos más concreción en las medidas, porque "todo es muy bonito sobre el papel", por lo que "estaremos vigilantes y expectantes", concluyó.
El representante del PP, Miguel Angel Lafuente, consideró que "se pudo hacer más" cuando se aprobaron los expedientes, mientras que el diputado de CHA, Pedro Lobera, criticó que hubiera una actuación "muy permisiva" con la multinacional en esos años y exigió medidas "contundentes", al igual que IU.
