El Gobierno planea subir entre el 10% y el 12% la base máxima de cotización de los salarios en el 2019 como medida para obtener entre 1.000 y 1.100 millones de euros adicionales para la financiación de las pensiones. La medida fue explicada ayer por el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para dar cuenta del análisis del organismo sobre el Plan Presupuestario para el 2019 que el Gobierno ha presentado ante la Comisión Europea.

Actualmente la base máxima de cotización para un asalariado está situada en 3.803,70 euros, y la mínima en 858,6 euros. La suma de conceptos que se aplican a esta cantidad como cotizaciones alcanza al 36,25% de la misma. Incluye, además de la Seguridad Social, el 7% para desempleo, 0,20% para el Fogasa; y el 0,70% para formación profesional. Una subida del 10% de la base máxima comportará, aproximadamente, un aumento de los costes laborales de 137 euros al mes si se incrementa el 10%, y de 165 euros, si la subida es del 12%. La cifra de asalariados afectados rozaría el millón y medio.

El presidente de la Airef dio un aprobado por los pelos a las cifras de ingresos, gastos, déficit y deuda incluidas por el Gobierno en su Plan Presupuestario. Consideró que el objetivo de déficit del 1,8% del PIB previsto para el 2019 es «factible», con una probabilidad que Escrivá ha cifrado en el entorno del 48% (sin apenas llegar al aprobado del 50%). El cumplimiento de la recaudación prevista se ve como algo factible.

Respecto a los efectos de la subida del salario mínimo interprofesional un 22%, hasta los 900 euros en el 2019, Escrivá, tras constatar las conclusiones de 80 estudios internacionales sobre los efectos ligados a variaciones en el SMI, explicó que la Autoridad Fiscal ha cifrado en 40.000 puestos el impacto negativo sobre el empleo de la medida.