El BBVA ha puesto por escrito este miércoles lo que lleva tiempo defendiendo: que su cúpula actual no tuvo ninguna relación con la contratación del excomisario Villarejo, en prisión provisional desde el 2017 por su papel en las cloacas del Estado. El banco ha asegurado que de la "documentación relevante" obtenida en la investigación externa ('forensic') que encargó a PWC en enero del año pasado no se desprende "ningún tipo de implicación de ninguno de los actuales miembros del consejo de administración, ni del actual presidente ejecutivo de la entidad (Carlos Torres Vila), ni se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del banco".

Así lo ha recogido en su informe anual de gobierno corporativo, que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad reconoce, eso sí, que el análisis encargado a la firma especializada sigue "todavía en curso". También ha admitido que el resultado de la investigación abierta en la Audiencia Nacional es impredecible: "El citado procedimiento penal se encuentra en un momento incipiente dentro de la fase de instrucción, por lo que no es posible predecir en este momento su ámbito o duración ni todos sus posibles resultados o implicaciones para el grupo, incluyendo potenciales multas y daños o perjuicios a la reputación del grupo".

El BBVA, así, ha recogido que "determinados directivos y empleados del grupo, tanto actuales como de una etapa anterior, así como antiguos consejeros también están siendo investigados en relación con este caso". Entre ellos se encuentran el expresidente Francisco González y el exconsejero delegado Ángel Cano, así como Juan Asúa, actual principal asesor de Torres Vila. Pese a ello, ha afirmado que "hasta la fecha, este caso no ha tenido impacto en el desarrollo de los negocios de la entidad, ni ha deteriorado sus índices de reputación, que son objeto de un seguimiento recurrente tanto por el ámbito ejecutivo, como por sus órganos de administración".

SIN RESPONSABILIDAD

El banco, en esta línea, ha recordado que la Audiencia Nacional le notificó en julio del año pasado su imputación como persona jurídica en la investigación abierta por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Según su versión, siempre ha estado "colaborando y continúa haciéndolo de manera proactiva con las autoridades judiciales", como demuestra que el 'forensic' es la "base del sumario instruido". A partir de los hallazgos de esta investigación, ha argumentado, su representante legal defendió ante el juez durante su declaración la "inexistencia de responsabilidad penal alguna" de la entidad.

El BBVA también ha explicado que "desde enero de 2019, esta cuestión se ha venido reportando de manera recurrente" al consejo de administración, la comisión de auditoría y la comisión de riesgos y cumplimiento. Se trata de un punto llamativo, ya que las primeras informaciones publicadas por 'Público' que vinculaban al banco con Villarejo le llevaron a abrir una investigación interna, previa a la que encargó a PWC, en junio del 2018. "Dichos órganos han impulsado y supervisado los procesos de investigación interna, determinando la plena cooperación de la entidad con la justicia y el desarrollo de una política de transparencia", ha asegurado.

El banco también ha apuntado que el consejo adoptó el año pasado distintas medidas de "refuerzo de los sistemas de control interno" de la entidad. Entre ellas, ha destacado el establecimiento de una dependencia jerárquica directa de los responsables de control interno y auditoría interna del consejo de administración; la aprobación de nuevas políticas y la mejora de procesos de subcontratación, compras y otros, y el refuerzo del modelo de prevención del delito.