La Audiencia Nacional rechazó ayer los recursos presentados por el presidente del SCH, Emilio Botín; el expresidente, José María Amusátegui, y el exconsejero delegado, Angel Corcóstegui, contra la decisión de la juez Teresa Palacios de abrirles juicio oral. Los magistrados de la sección cuarta de ese tribunal sólo notificaron ayer su resolución al fiscal. El resto de las partes, incluidos los abogados de los banqueros, desconocían el contenido del auto. No obstante, fuentes fiscales confirmaron que los jueces ratificaron íntegramente la decisión de la juez.
La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir juicio contra Botín, Corcóstegui y Amusátegui por un presunto delito de administración desleal. La juez sostuvo que las indemnizaciones percibidas por Amusátegui (43 millones de euros) --cuando renunció a sus cargos en el banco el 16 de agosto del 2001-- y por Corcóstegui (108 millones de euros) --cuando se jubiló en febrero del 2002--, no tenían cobertura legal.
LOS ALEGATOS Los abogados de los banqueros recurrieron esa decisión ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. El fiscal y el abogado del Estado se sumaron a los alegatos de las defensas. En la vista celebrada los pasados 9 y 11 de febrero, todos ellos pidieron el archivo del caso por entender que los hechos no son constitutivos de delito.
El fiscal Jesús Caballero defendió en esa vista que los pagos a los exaltos cargos fueron aprobados por el consejo de administración y la junta de accionistas del banco. Por su parte, los abogados de la acusación particular, que representan los intereses de Rafael Pérez Escolar (condenado en el caso Banesto ), pidieron la ratificación del auto de la magistrada.
TOTAL DISCREPANCIA DEL BANCO El SCH hizo público ayer un comunicado en el que, tras admitir que desconoce oficialmente la resolución de la Audiencia Nacional, expresa su "total discrepancia" con esa medida. Para el banco, durante la instrucción de la juez "quedó acreditado que los hechos investigados fueron actuaciones totalmente legales y transparentes".
Además, el grupo sostiene que esas retribuciones fueron desarrolladas según los "usos y modos mercantiles"; que fueron "verificadas" por auditores y registradas y detalladas en las cuentas anuales aprobadas por la junta de accionistas. También dice que con esos pagos se siguió "la práctica habitual en todas las sociedades cotizadas españolas".
