La situación de la economía española no ha cambiado un ápice en el último año. Sus desequilibrios macroeconómicos, como la elevada deuda pública y privada o la alta tasa de paro, hacen que siga siendo vulnerable ante posibles turbulencias de los mercados y sus progresos en materia de reformas han sido más bien «limitados». El diagnóstico figura en el último informe publicado ayer por la Comisión Europea en el que vuelve a sugerir al Gobierno de Mariano Rajoy subir el IVA de los productos con tipo reducido y aumentar el control sobre el gasto de las comunidades autónomas.
El análisis, una línea directriz para que el gobierno de Mariano Rajoy elabore el programa de estabilidad y de reformas a partir del cual el Ejecutivo comunitario realizará sus recomendaciones específicas de política económica, está plagado de malas noticias. Bruselas, que enviará a las capitales a vicepresidentes y comisarios para negociar las medidas necesarias, admite que la economía española sigue registrando «una recuperación fuerte» y avanza «hacia una composición del crecimiento más equilibrada», con un crecimiento que se desacelera pero que se mantiene «robusto». Sin embargo, advierte que España no ha superado el impacto de la crisis y que sigue afrontando retos importantes que sitúan a la economía en una posicion «vulnerable».
Los progresos, con un gobierno en funciones hasta noviembre, han sido más bien «limitados» y el rosario de problemas sigue siendo extenso por lo que vuelven a ahondar en las mismas recetas. Para empezar, un mayor control del gasto autonómico. «El uso limitado de las herramientas preventivas y correctivas establecidas en la legislación nacional no han dado suficientes incentivos para la disciplina fiscal», reprochan sobre el poco uso que ha hecho el gobierno español de las sanciones automáticas incluidas en la ley de estabilidad presupuestaria para castigar a los gobiernos regionales que se desvién de sus objetivos de déficit. Según Bruselas, dada la descentralización del sistema español y la reforma del sistema de financiación autonómica prevista para 2017 sería «crucial» para seguir avanzando en la consolidación una mayor cooperación con las autoridades regionales y aprovechar la reforma para introducir más incentivos -por ejemplo objetivos de déficit y deuda diferenciados- para garantizar el cumplimiento por parte de los gobiernos regionales.
El informe también vuelve a alertar de la elevada deuda pública, por encima del 100% del PIB, de los riesgos de sostenibilidad fiscal que siguen elevados a medio plazo y de un sistema tributario con menos ingresos que la media de la Eurozona. La receta de Bruselas para paliar este desajuste: una subida del IVA de los productos a los que se aplica actualmente un tipo reducido.
