La Comisión Europea ha autorizado este martes una inyección pública de 2.900 millones de euros a un segundo proyecto de interés común europeo -tras el aprobado en diciembre de 2019- que tendrá como objetivo investigar y la cadena de valor de las baterías, un componente clave en el desarrollo del coche eléctrico. Según las previsiones de los doce países que han decidido unir fuerzas -Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Eslovaquia, Suecia y España-, la financiación pública permitirá movilizar 9.000 millones adicionales en inversiones privadas.
"Es un ejemplo de cómo la política de competencia funciona a la par que la innovación y la competitividad, al hace posible la innovación de vanguardia, al tiempo que se garantiza los recursos públicos limitados se utilizan para atraer inversión privada", ha dicho la vicepresidenta ejecutiva y responsable de competencia, Margrethe Vestager, sobre un proyecto que movilizará 12.000 millones de euros en total y que abarcará toda la cadena de valor del proyecto. Desde la extracción de las materias primas, al diseño y fabricación de las celdas y conjuntos de baterías, hasta el reciclado y la eliminación de las mismas.
"No nos recuperaremos de esta crisis reconstruyendo el mundo como lo conocíamos antes de la pandemia. Tenemos la oportunidad histórica de construir una Europa más verde, más digital y más resiliente", ha añadido la danesa sobre la necesidad de transformar la forma en que "nos movemos" e impulsar un vehículo eléctrico que jugará "un papel" clave en todo esto. "Las baterías innovadoras son factores clave para el éxito de los coches eléctricos. Pueden suponer hasta un tercio del precio total y determinar lo lejos que los coches pueden desplazarse", ha indicado sobre un producto que también jugarán un papel importante en el almacenamiento de energías renovables.
Cadena de valor limpia
El nuevo proyecto contribuirá a desarrollar una cadena de valor estratégica limpia y con bajas emisiones, impulsará tecnologías y procesos que mejorarán la seguridad, el comportamiento y el impacto medioambiental, y permitirá incentivar las inversiones de la empresa privada. Además, las ayudas públicas a las empresas participantes se limitarán a lo que es necesario y proporcionado y no falsearán indebidamente la competencia, sostiene la Comisión.
En su evaluación, Bruselas ha comprobado que los importes máximos de ayuda previstos están en consonancia con los costes subvencionables de los proyectos y los déficits de financiación. Además, si el proyecto resultara ser muy exitoso y generara ingresos netos adicionales, las empresas tendrían que devolver a sus respectivos Estados miembros parte de la ayuda mediante un mecanismo de reembolso. Y, por último, las empresas que hayan obtenido la financiación pública tendrán que compartir los resultados con la comunidad científica y la industria europea. Por todo ello, la Comisión considera que el proyecto generará “efectos indirectos positivos en toda Europa” y que es conforme con las reglas en materia de ayudas de estado.
Se trata del segundo proyecto de interés común europeo sobre baterías que Bruselas aprueba en los últimos dos años y que se desarrollará hasta 2028, con distintos plazos para cada subproyecto. Contará con 42 participantes directos, incluidas pequeñas y medianas empresas y empresas emergentes que desarrollan su actividad en uno o varios países de la UE, así como 150 socios externos entre los que figuran universidades, organizaciones de investigación y pymes. En el sector de las materias primas y materiales avanzados, por ejemplo, participará la empresa Ferroglobe mientras que en el ámbito del reciclaje y sostenibilidad participará la empresa española de vehículos eléctricos, Little Electric cars. En el proyecto también participan empresas como BMW y Tesla.
