La Comisión Europea considera que el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho los deberes y que el decreto de reforma de la estiba, aprobado este jueves en el Congreso, solventa los problemas identificados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) en su sentencia de diciembre del 2014.
Bruselas informará ahora a la corte europea de que los cambios introducidos son satisfactorios aunque es improbable que las autoridades españolas puedan librarse de una multa que rondará los 24 millones de euros.
La sentencia de la corte europea de Justicia señalaba que la norma española de la estiba vulneraba las reglas europeas. La reacción de las autoridades españolas fue nula y el verano pasado la Comisión Europea decidió solicitar multas contra España por ignorar la sentencia. Concretamente, el Ejecutivo comunitario pidió una sanción económica de 27.522 euros diarios desde el pronunciamiento de la corte, el 11 de diciembre del 2014, que supera los 24 millones de euros, y otros 134.107 euros al día a partir de la publicación de la segunda sentencia. En todo caso, Bruselas informará positivamente de que el real decreto ley cumple con las exigencias comunitarias, lo que hará que decaiga la segunda parte de la multa.
La aprobación del decreto ley no ha pacificado los puertos en los que los estibadores han convocado paros a partir del próximo miércoles que se prolongarán durante tres semanas en días y horas alternos. En un intento de frenar la huelga, la patronal del sector Anesco y los sindicatos representativos de los trabajadores se reunirán el lunes por la tarde. Anesco ha denunciado que existen huelgas encubiertas en la mayoría de los puertos españoles.
El Ministerio de Fomento ha fijado unos servicios mínimos del 100% en las operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, pasajeros, emergencias y productos esenciales para las islas y Ceuta y Melilla. Además se exigirá el porcentaje necesario del servicio para garantizar un rendimiento no inferior al 50% del promedio del año.
