La entrada en los últimos años de capital extranjero, especialmente de China, en sectores clave para la economía europea se ha multiplicado y con ello el temor de los gobiernos a perder el control en áreas sensibles para sus respectivos países. La preocupación es tal que la Comisión Europea ha decidido mover ficha y proponer la creación de un mecanismo para revisar, aunque sin capacidad para bloquear, las inversiones de terceros países en sectores estratégicos, como la energía, las nuevas tecnologías, la infraestructuras o el acceso a la información.

"Si una empresa pública extranjera quiere comprar un puerto europeo, parte de nuestra infraestructura de energía o una empresa tecnológica de defensa esto solo debe llevarse a cabo con transparencia, estudio y debate", advertía esta semana el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, durante el debate sobre el Estado de la Unión. La idea no es nueva. Francia, de la mano de Emmanuel Macron y con el apoyo de Alemania e Italia, ya intentó en la última cumbre de líderes europeos de junio que el resto de gobiernos accedieran a examinar vías para bloquear inversiones tóxicas de terceros países.

La tentativa hizo entonces aguas pero la sensación de que otros países no operan bajo las mismas reglas del juego ha terminado por convencer a Bruselas de que es necesario empezar a dotarse de un marco de protección común. "Las adquisiciones de empresas públicas extranjeras o bajo el control de Estados extranjeros en sectores estratégicos pueden permitir a determinados terceros países utilizar estos activos no solo en detrimento de la ventaja tecnológica de la UE sino también para poner en peligro nuestra seguridad u orden público", esgrime la Comisión.

4.000 empresas en manos chinas

El número de empresas europeas controladas por China -cuyas inversiones sumaron 35.000 millones el año pasado- ronda ya las 4.000, un tercio de ellas ubicadas en Rumanía, mientras 26.000 en manos estadounidenses, el principal país inversor por delante de Suiza, Canadá, Japón, Brasil y China. En términos globales el porcentaje no es elevado. El problema radica en que mientras Europa pone pocas trabas a la inversión extranjera, en particular a la compra de empresas, las restricciones de terceros países son numerosas, especialmente en China que es junto con Filipinas y Arabia Saudí el más proteccionista, y no existe reciprocidad en el acceso a sus mercados.

Actualmente, una docena de Estados miembros ya cuentan con un mecanismo de revisión de inversiones. Es el caso entre otros de España, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido o Alemania. La idea ahora es que los 28 se informen mutuamente y que la Comisión pueda revisar determinadas inversiones en proyectos o programas catalogados de "interés europeo" si suponen un riesgo para el orden público y la seguridad. La Comisión podría emitir dictámenes aunque no serían vinculantes y no tendría poder para vetar una operación, cuya aprobación seguirá estando en manos de los Estados miembros. Bruselas ha optado por esta vía para que el sistema sea "políticamente aceptable" para los 28 pero permita garantizar una mínima cooperación y harmonización.

"La ausencia de un marco legal amplio a nivel europeo hace difícil vigilar en detalle los flujos de inversiones extranjeras en la UE", señala la Comisión en el documento de trabajo. "Lograr más transparencia sobre las inversiones extranjeras es un prerequisito para adoptar buenas decisiones", prosigue. Entre los ámbitos a vigilar: infraestructuras denominadas críticas, incluida la energía, el transporte y las comunicaciones, así como la robótica y la inteligencia artificial, la seguridad y la defensa o información sensible.