La Comisión Europea (CE) debe aprobar «antes de que finalice el 2017» una legislación, que deberá ser adoptada por España y los demás estados miembros, para proteger a los confidentes y denunciantes de irregularidades y corrupción en empresas o el sector público. Este el encargo que la CE ha recibido esta semana del Parlamento Europeo (PE) tras aprobar una resolución a favor de medidas para proteger a los alertadores (whistleblowers, en inglés; soplones, en lenguaje coloquial).

El objetivo del Europarlamento es que estos denunciantes dejen de ser considerados como chivatos o traidores, que sean valorados por la sociedad y que gocen de un marco protector frente a posibles represalias que proteja su confidencialidad y que impida que, por ejemplo, sufran despidos u otras formas de acoso. También se pretende dotar a alertadores de un sistema de compensación y apoyo por los daños sufridos, incluida la asistencia jurídica y psicológica.

«Los denunciantes y los periodistas de investigación juegan un papel vital en nuestras sociedades», valoró la diputada del grupo socialista europeo en la Comisión de Actos Jurídicos del Parlamento Europeo, la francesa Virginie Rozière. «Como se demostró en los casos de LuxLeaks (sobre trato fiscal preferencial a determinadas empresas en Luxemburgo) y de los papeles de Panamá, los denunciantes pueden ayudar a poner al descubierto la corrupción y las poco fiables relaciones entre multinacionales y la élite global», aún a riesgo de perder «sus empleos, su libertad e incluso su propia vida», añadió en alusión al reciente asesinato en Malta de la periodista Daphne Caruana Galizia.

CASO RECIENTE / Sin llegar a ese extremo, recientemente en España existe el caso del funcionario andaluz Jaime González, que denunció públicamente que le habían abierto un expediente disciplinario en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y le habían suspendido de empleo después de haber alertado de amaños y adjudicaciones irregulares en la Administración autonómica. «La nueva regulación europea afectará obviamente a nuestro país», explica el eurodiputado socialista Jonás Fernández, en alusión a la resolución adoptada por el Parlamento Europeo. «Solo puedo lamentar que el PP no se haya unido a esta iniciativa», añade.

La iniciativa salió adelante el 24 de octubre con 399 votos a favor, 101 votos en contra y 166 abstenciones. En general, los grupos de izquierda apoyaron el informe, mientras que la derecha voto en contra o se abstuvo tras haber defendido la necesidad de establecer «cortafuegos» para proteger a las empresas de filtraciones que pongan en peligro su reputación en los medios. El Partido Popular Europeo (PPE) optó por abstenerse. «El Parlamento ha sido claro insistiendo en que se deben permitir las denuncias anónimas, pese a la resistencia del EPP y grupos de derecha», dice el eurodiputado del grupo Verdes/ALE y portavoz de Cataluña en Común, Ernest Urtasun.

En el informe, la definición de denunciante va más allá de los empleados, públicos o privados, y se extiende a «consultores, contratistas, trabajadores en prácticas, voluntarios, estudiantes que trabajan, trabajadores temporales o antiguos empleados que tengan pruebas de tales actos y motivos razonables para creer fidedigna la información transmitida», según la resolución parlamentaria. Y las prácticas irregulares a las que se refiere abarcan «corrupción, delitos penales, incumplimientos de las obligaciones jurídicas, errores judiciales, abuso de autoridad, conflictos de intereses, uso ilícito de fondos públicos, abuso de poder y flujos financieros ilícitos». Pero también «las amenazas contra el medioambiente, la salud, la seguridad pública, la seguridad nacional y la protección de la vida privada y de los datos personales».