El comisario de la Competencia, Mario Monti, ha exigido al Gobierno español que retire las actuales bonificaciones fiscales a la exportación que existen en el impuesto de sociedades o reclamará a las empresas españolas que devuelvan los beneficios recibidos desde 1996 que, según fuentes empresariales, suman más de 700 millones de euros.

Hay más de 5.000 empresas afectadas por este problema, según fuentes del Ministerio de Hacienda. Entre ellas figuran algunas de las más grandes, tales como Repsol, Telefónica, Gas Natural, Agbar, El Corte Inglés, Ferrovial, ACS, Freixenet, Acerinox, Inditex y otras muchas firmas de los sectores del calzado, el juguete, el automóvil, etcétera.

Desde el mes de julio, en que Monti lanzó el aviso al Gobierno español, el Ministerio de Hacienda está negociando una solución al conflicto que no resulte gravosa para las empresas españolas.

Según fuentes del departamento que dirige Pedro Solbes, tras tres meses de conversaciones, es casi seguro que la Comisión Europea renunciará a reclamar la devolución de los años pasados ya que la Administración española se ha comprometido a acabar, de forma paulatina, con la norma en litigio.

La ley del impuesto de sociedades, que entró en vigor el 1 de enero de 1996, no hacía sino reproducir una deducción existente en el impuesto de sociedades antes de la incorporación de España a la UE, en 1986. Entonces, esta deducción pasó el filtro que le permitió permanecer en la legislación española. Este es el argumento de España para rechazar la devolución de las deducciones.

La ley establece que "la realización de actividades de exportación" dará derecho a una deducción en la cuota íntegra del impuesto del 25% del importe de las inversiones en sucursales en el exterior, adquisición de participaciones de sociedades extranjeras o constitución de filiales. De esta deducción se excluyen las actividades financieras y de seguros. La deducción del 25% se extiende, además, a los gastos de promoción en el exterior o asistencia a ferias.