Las autoridades de supervisión deberán vigilar estrechamente la operación de compra del Popular por parte del Banco Santander y seguir de cerca «cualquier riesgo derivado de los posibles costes de litigación». La exigencia figura en el séptimo informe pos-programa publicado ayer por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo en el que alertan del retraso en la privatización de Bankia y BMN, las dificultades del banco malo para concluir las desinversiones de forma rentable.
El informe también expresa su preocupación por los créditos morosos de algunos bancos, que podrían necesitar reforzar sus balances, pero, sobre todo, las posibles repercusiones de la sentencia sobre las cláusulas suelo dictada a finales del año pasado por el Tribunal de Justicia de la UE.
El documento, que forma parte del mecanismo de supervisión del rescate bancario del 2012, se hace eco de la decisión de liquidar el Popular, tras el rápido deterioro de la liquidez debido a las dificultades generadas por «la importante cartera de activos inmobiliarios heredados». Los inspectores reconocen que los resultados de las pruebas de estrés realizadas el año pasado por la Autoridad Bancaria Europea fueron malos y obligaron a la entidad española a captar 2.500 millones de euros de capital. El 6 de junio el BCE concluyó que la entidad estaba «en quiebra o a punto de quebrar» y la Junta Única de Resolución adoptó el plan de resolución que concluyó con la venta por un euro al primer grupo bancario español.
RIESGOS / Ahora consideran que «la implementación efectiva de la transferencia del Banco Popular al Banco Santander debe ser supervisada de cerca», «que deberá vigilarse la implementación efectiva de la compra» y «seguir de cerca cualquier riesgo derivado de potenciales costes de litigación», urgen los inspectores sobre una operación que ambas capitales han considerado un éxito.
El horizonte bancario español sigue rodeado de muchas incertidumbres. Los inspectores se quejan de nuevo del retraso en la privatización de Bankia y BMN, que «avanza lentamente», y advierten de que aunque el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha ampliado el plazo de venta de 2017 a 2019 seguirán vigilando de cerca el proceso.
El informe europeo se hace eco de nuevo de los problemas de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), conocida como banco malo, para deshacerse del ladrillo tóxico de su cartera aunque considera que la recuperación del mercado inmobiliario español podría ayudar a mejorar su situación financiera. Más preocupación generan los créditos morosos de algunos bancos, que podrían necesitar reforzar sus balances, pero, sobre todo, las posibles repercusiones de la sentencia sobre las cláusulas suelo dictada a finales del año pasado por el Tribunal de Justicia de la UE.
En Bruselas y en Fráncfort reconocen que, aunque los bancos han provisionado fondos, la rentabilidad de las entidades bancarias puede verse afectada. «Aunque los bancos afectados se han aprovisionado ante los riesgos de litigación, lo que ha tenido impacto en sus beneficios, el coste de las compensaciones a los consumidores debe vigilarse de cerca», reclaman.
