El bufete familiar de Luis María Díez-Picazo Gimenez, ahora en el punto de mira por la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, ha defendido en el pasado a la banca en litigos por las cláusulas suelo.

Este despacho, fundado en 1964 por el padre del presidente de la Sala Tercera del alto tribunal -el reputado jurista Luis Díez-Picazo y Ponce de León- está dirigido en la actualidad por el hermano de Luis, Ignacio, y representó representó a Cajasur en un recurso de casación contra la sentencia de 21 de mayo de 2013 de la Audiencia de Córdoba, que confirmó sentencia que declaraba la nulidad de las cláusulas suelo. En directo: siga aquí las reacciones.

Según explica 'Vozpopuli', el 24 de marzo de 2015 la Sala Primera del alto tribunal desestimó el recurso, lo que significó el fin definitivo de la cláusula suelo para 40.000 clientes de Cajasur, que no tendrían que devolver el dinero ahorrado (80 millones) en los meses en los que se ejecutó provisionalmente.

FAMILIA DE JURISTAS

El letrado Rafael López Montes recordaba entonces para Europa Press su impresión cuando leyó que el recurso lo firmaba Luis Díez-Picazo Ponce de León, gran jurista y magistrado del Constitucional, autor del manual de 'Derecho Civil' que el letrado había estudiado en la Facultad, lo que añadía presión al hecho de que, si perdía este caso, miles de personas que en ese momento se estaban beneficiando de la ejecución provisional tendrían que devolver el dinero.

El despacho Díez-Picazo elevó sus ingresos en 2017 hasta los 0,51 millones de euros (0,29 millones en 2016), logrando un beneficio de 189.918 euros (46.979 euros ganados un año antes).

PROFESOR DE BANQUEROS

Además, Díez-Picazo hijo -que en el pleno de las hipotecas cambió su voto inicial a favor de que pagasen los bancos a partir de ahora- compaginó entre el 2015 y el 2017 su labor como juez con la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), dependiente de la Asociación Española de la Banca, la patronal del sector.

Autorizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el magistrado dio clases de Derecho Constitucional en este centro universitario con la condición de hacerlo mientras la docencia no impidise "el cumplimiento de sus deberes judiciales" ni comprometiese "su imparcialidad e independencia". En la actualidad, "no tiene ninguna relación con CUNEF", según el CGPJ.