Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza vivieron ayer una situación curiosa a la vez que extraña cuando iba a juzgar al excontable del sindicato OSTA, José Antonio S. F., por, supuestamente, provocar un desfalco de 326.607 euros. Está dentro de la normalidad que un acusado decida no presentarse al juicio y el tribunal tenga que decretar su busca y captura, tal y como ocurrió ayer, si bien este hombre sí llegó a presentarte en la sede judicial, pero cuando fue informado de que se había equivocado de hora decidió irse. Ya no volvió, y eso que los jueces intentaron llamarle y hasta retrasaron media hora la vista oral para intentar no aplazar la vista oral. Quienes sí acudieron a la cita fue su esposa e hija, María Ascensión A. G. y María Paola S. A., quienes se enfrentan a dos años de prisión por beneficiarse, al parecer, de las irregularidades del cabeza de familia e, incluso, ocultar el patrimonio para no rendir cuentas al sindicato.
BANQUILLO
Ambas llegaron a sentarse en el banquillo, si bien ante la ausencia del principal acusado tuvieron que abandonarlo y ser citadas más adelante.
Este trabajador fue contratado en septiembre del 2004 con la misión de encargarse de nóminas, presupuestos y balances de la organización, y llegó a convertirse en la única persona con un control directo sobre la contabilidad y las cuentas, por decisión de la ejecutiva del sindicato.
Según el ministerio público, entre 2006 y 2013, este trabajador, con el «evidente propósito» de lucrarse y «abusando» de la confianza en él depositada, se apropió de más de 300.000 euros y dejó al sindicato en una situación precaria. La dirección de OSTA fue conocedora de la situación en marzo del 2013, al serle notificado por dos agentes de la Policía local de Zaragoza el embargo de un vehículo por impagos a la Seguridad Social. La investigación llevada a cabo por responsables del sindicato permitió determinar que el acusado se subió de forma indebida el sueldo en varias ocasiones, suscribió un seguro médico para su familia a cargo del sindicato, ingresó dinero en su cuenta o en la de su mujer y dejó un desfase en caja de 190.000 euros. Verificaron, además, que el sindicato adeudaba a una aseguradora médica cuotas de sus afiliados por 82.000 euros, 200.000 euros a la Seguridad Social y 14.000 al propietario del local donde se ubicaba la sede. En una reunión celebrada en marzo del 2013 entre un responsable del sindicato y la familia del trabajador, los tres acusados reconocieron la apropiación indebida y solicitaron un plazo de tiempo para buscar una solución.
Según el fiscal, el tiempo transcurrido hasta la presentación de la denuncia por parte del sindicato fue utilizado por los acusados para tratar de ocultar el patrimonio familiar y eludir así cualquier responsabilidad civil. Por todo ello, acusa al extrabajador de un delito de apropiación indebida y otro de insolvencia punible y solicita para él una condena de 5 años y 6 meses de prisión. La esposa y la hija se enfrentan a dos años de prisión.
