La Agencia Tributaria situó hace unos meses entre sus objetivos prioritarios el control del fraude en el cobro de despidos. Las órdenes recibidas por los inspectores eran las de destapar ceses voluntarios camuflados como despidos por causas objetivas finalizados con un pacto de su improcedencia en una concilicación oficial. Así, la cuantía hasta los 45 días está exenta del IRPF. Uno de los indicadores que levantaron la liebre en el Ministerio de Hacienda fue el súbito incremento de las conciliaciones por despido en la autoridad laboral, que pasaron de 34.387 en el 2011 a 72.362 en 2012. Ese año entró en vigor la reforma laboral, que obliga a que el despido pase por conciliación o sentencia judicial para lograr la exención fiscal.
La cantidad media abonada a trabajadores despedidos en concepto de indemnización ha descendido desde el inicio de la crisis en más de 7.000 euros al pasar de 37.466 euros a 29.395 el año pasado.
