El 13 de julio del 2009 Caja Inmaculada (CAI) dio carpetazo a los negocios que mantenía con Ramón Marrero. Este abogado, empresario y exconsejero de Trabajo de la Junta de Andalucía se había convertido, a partir del año 2001, en un socio clave para la expansión inmobiliaria de la caja en el sur de España. Durante ese periodo de ocho años, el exdirector general de CAI hasta finales del 2009, Tomás García Montes, y Francisco Javier Alfaro --que en el 2006 accedió al cargo de consejero de CAI Immuebles y fue subdirector de la entidad-- tejieron un entramado de sociedades que fue creciendo al calor del boom del sector inmobiliario (ver gráfico).

Pero ese castillo de naipes se derrumbó y la relación a tres bandas mantenida entre García Montes, Alfaro y Marrero, originó un agujero económico a la caja aragonesa de 12,6 millones de euros por la reestructuración de la deuda de las sociedades gestionadas por Marrero, según un informe pericial elaborado por la consultora KPMG para CAI.

Este documento, de 75 páginas, ha sido remitido por la entidad al Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza que lleva la causa de la entidad contra García Montes, Alfaro y Marrero por delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal.

"FUERA DE MERCADO"

Sin embargo, los 12,6 millones de pérdidas no son el único pufo que denuncia CAI en el escrito. En concreto, la caja detalla que los tres imputados disfrutaron de una estancia en Egipto con sus familias (14 personas), lo que derivó en un coste para la entidad de 195.739,49 euros. Además, alude a la compra de dos viviendas en Residencial Las Gardenias (Puerto de Santa María, Cádiz) por parte de los querellados a un valor que se encontraba "absolutamente fuera de mercado" y que produjo un perjuicio económico (diferencia con el precio real de los inmuebles) de un total de 454.626,98 euros.

Así, la reestructuración de la deuda de las sociedades de Marrero, el viaje a Egipto y la compra de dos viviendas supuso un quebranto a la entidad "muy superior" al que se estableció en su día, en la presentación de la querella de CAI contra los tres imputados, según detalla el informe pericial.

Sin embargo, tanto Marrero como los abogados defensores de Alfaro y García Montes, sostienen que este tipo de prácticas eran "habituales" entre los miembros de los órganos de dirección de la caja. Así consta en el escrito presentado a la jueza, en el que le solicita que llame a declarar, entre otros, a altos directivos y exdirectivos de CAI, entre los que figuran Antonio Aznar, Julián Puente, Rafael Aguelo, Juan Antonio García Toledo, así como a los promotores Juan Forcén, Miguel Ángel Castillo (grupo Castillo Balduz) y Roberto Machín (grupo Machín). Asimismo, en dicha petición también se solicita a la magistrada que reclame facturas, así como actas y otras pruebas para corroborar que las actuaciones que se imputan a los tres directivos estaban extendidas en la caja aragonesa.

Pero, según el informe pericial, las operaciones que ocasionaron a CAI una mayor merma económica están relacionadas con la liquidación de las deudas de las sociedades tuteladas por Marrero. Así, el acuerdo sobre la reestructuración del negocio comprendía tres aspectos: desvinculación de CAI de los negocios inmobiliarios que mantenía hasta entonces con sus socios (entre ellos Marrero), la cancelación íntegra de todas las operaciones de financiación que CAI concedió a estas sociedades, y finiquitar los contratos de gestión que estas sociedades mantenían con Marrero.

El informe detalla que el perjuicio económico pasó "necesariamente" por la liquidación de las deudas que las sociedades participadas por estos socios tenían con CAI, ya que estaban financiadas por la entidad. Así, estos activos fueron vendidos a CAI Inmuebles, por lo que los fondos utilizados para cancelar estos préstamos y deudas procedían casi en su totalidad de la propia caja.

69 SOCIEDADES INMOBILIARIAS

En este caso, el estudio se circunscribe únicamente a las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por Marrero y no a otras que pudieron haberse realizado en el periodo transcurrido entre el 2001 y el 2009, años en los que la entidad vivió su expansión inmobiliaria. Según publicó EL PERIÓDICO, (ver diario del 14 de abril del 2013) Caja Inmaculada se adentró en esa década en un laberinto inmobiliario que derivó en la constitución de 69 sociedades ligadas al ladrillo. Y las que estaban bajo el control de Marrero eran solo unas pocas.

Para llevar a cabo la expansión del negocio inmobliario de CAI, iniciada en el 2001, algunas de las sociedades obtuvieron la financiación bancaria para poner en marcha los proyectos. Y esta fue concedida principalmente por la matriz CAI.