La comisión de investigación que analiza la gestión de Caja Inmaculada desde 2000 ha establecido que ésta adoleció de mala praxis, de un inadecuado análisis de riesgos, espoleada por una dirección general autoritaria y codiciosa, y que fallaron todos los controles de su actividad, tanto internos como externos.

Éstas son algunas de las conclusiones de esta comisión, que han sido llevadas hoy al Pleno de las Cortes, donde han sido aprobadas por unanimidad, en medio de la polémica generada por la filtración del documento a un periódico después de que los miembros de este organismo decidieran, cuando concluyeron sus trabajos, no hacerlo público hasta hoy mismo, en el momento previo a su votación.

De las conclusiones se deduce que en el gobierno corporativo de la entidad se advierte una "grave falta de implicación" en el análisis de riesgos, mientras que en el perfil profesional de los directivos se observa "falta de capacidad" para valorar el riesgo real asumido.

Además de que existió una "excesiva autoridad, poder y capacidad de decisión", concentrada en la dirección general de la CAI, aunque auspiciada por los estatutos de la entidad.

Y la CAI, se agrega en las conclusiones, se caracterizó en ese periodo por la "falta de autoridad, de autonomía, de independencia y de desempeño activo" de los órganos de control, al encontrarse éstos en "dependencia jerárquica y funcional" de la dirección general.

Se hace especial referencia a la actividad de CAI Inmuebles, sociedad participada en su integridad por Caja Inmaculada que provocó en la práctica "la existencia de dos cajas" de funcionamiento "cuasi independiente", lo que facilitó "el crecimiento desproporcionado del riesgo", con una gestión "absolutamente endogámica".

La selección de socios, la insuficiente capitalización de las sociedades participadas y la expansión territorial fuera del ámbito natural de la entidad son otras de las malas prácticas detectadas.

De hecho, el volumen de crédito al sector promotor llegó a representar hasta el 37 por ciento del total de la inversión crediticia, un porcentaje "mucho más elevado" que el de la mayoría de las entidades financieras de España.

También se pone de manifiesto que después de la obtención de los primeros beneficios por la participación en el sector inmobiliario, el consejo de administración de CAI Inmuebles "no corrigió la tendencia" y no inició un proceso de desinversión a partir del año 2007.

Queda patente que se produjo un "desmedido crecimiento del negocio inmobiliario" y que se excedieron los límites de una gestión financiera "prudente".

En cuanto a la praxis, la CAI se caracterizó en ese periodo por el ejercicio de un "poder excesivo" de la estructura directiva, con un marcado carácter "personalista, autoritario y poco participativo", además de "escasa empatía con la plantilla de la entidad", cuyo trabajo, por otro lado, han puesto en valor los cinco ponentes de la comisión de investigación durante su intervención en el pleno.

En el documento también se hace referencia a la política de retribuciones, que ha sido "desigual, desproporcionada y poco transparente", con pensiones vitalicias y remuneraciones no relacionadas con los resultados de la entidad, con "una notable falta de principios éticos en algunos casos".

Respecto a los controles, queda patente en las conclusiones que el Gobierno de Aragón "no incidió directamente en la gestión realizada por la CAI ni aprovechó el papel de tutela que la normativa le atribuía" para interferir en la gestión.

Tampoco advirtió a tiempo las malas prácticas el Banco de España, puesto que no fue hasta finales de 2007 cuando avisó de los elevados niveles de riesgo que estaba asumiendo la CAI.

Además de las conclusiones, el documento incluye cuatro acuerdos de traslado de la información en poder de la comisión, así como del dictamen, en primer lugar al Ministerio Fiscal, a pesar de que tras el análisis de la documentación y las declaraciones de los comparecientes "no se han detectado infracciones penales" al margen de los hechos que ya investiga un juzgado de Zaragoza.

Se enviará, además, al Gobierno de Aragón, al Ministerio de Economía, al Banco de España, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, a las Fundaciones CAI, Caja Círculo, Caja Badajoz e Ibercaja, así como a todos los comparecientes.

Los ponentes han mostrado su satisfacción por el trabajo realizado, al margen de la filtración periodística, que todos han denunciado también, y han propuesto la adopción de las reformas legales precisas para que asuntos como este no vuelvan a suceder.