El l 7 de junio del 2017 la Junta de Resolución Única (JUR) del a Unión Europea adoptó la decisión de intervenir el Banco Popular y su venta por un euro al Banco Santander. La decisión afecto a 300.000 accionistas de banco y tuvo un impacto económico que todavía es difícil de precisar. Tres años después se cumple el aniversario este domingo el rastro que queda de aquella decisión se puede seguir en los tribunales, donde se acumulan diferentes procedimientos contras los organismos que tomaron la decisión, contra los propios directivos del Popular que llevaron a la entidad a esa situación y contra el Banco que preside Ana Botín, como responsable civil subsidiario. Este es el rastro legal de aquella decisión,
LA VÍA CIVIL
Los jueces reconocen el daño
Decenas de abogados especializados en la actividad bancaria afirman haber interpuestos cientos de demandas civiles en las que se reclama la devolución del dinero invertido. La mayoría se han resuelto a favor de nuestros clientes, aunque es verdad que también hay sentencias en contra, explica Patricia Suárez, presidenta de Asufin, una activa asociación contra la banca en los juzgados. En general, los jueces de primera instancia reconocen a los accionistas que acudieron a la ampliación de capital del 2016 poco antes de la resolución el derecho a recuperar su inversión. Pero eso no ocurre con tanta claridad en el caso de los que compraron acciones directamente en el mercado o en ampliaciones anteriores. Y existe cierta discrepancia de criterio con los bonistas que adquirieron títulos convertible en acciones, en la mayoría de los casos con créditos del propio banco. Los argumentos judiciales no se sujetan a los mismos criterios aplicados para la ampliación del 2016. Los jueces entienden que el folleto de ampliación contenía información engañosa, explica Óscar Serrano, abogado del Collectiu Ronda. Viene a decir que si los accionistas hubieran conocido el estado real de las cuentas no hubieran comprado y ese criterio no es tan claro por los otros casos, agrega.
En todas estas causas, el responsable civil es el Santander y es la entidad que elevado los recursos a las audiencias provinciales que también, con frecuencia, han fallado a favor de los demandantes. Aunque el banco no es partidario de acudir a otras instancias superiores en caso de que no le den la razón en ese nivel judicial. Desde la entidad recuerdan que el 80% de los accionistas minoritarios del Popular aceptaron los bonos de fidelización que emitió el banco a finales del 2017 y que las acciones se dirigen contra la decisión de la intervención o contra los antiguos gestores.
LA CAUSA PENAL
El Covid-19 retrasa las actuaciones
El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia de Madrid tramita la causa penal en una seria de querellas y denuncias interpuestas por accionistas del Popular que han preferido reclamar por la vía penal en lugar de la civil. Están dirigidas contra la entidad bancaria (Popular) y los miembros del consejo de administración, así contra el auditor externo PwC. Básicamente investiga la ampliación de capital de 2.500 millones que realizó el banco en el 2016. El juez, José Luis Calama, ha decidido posponer todas principales declaraciones que estaban pendientes a la vuelta del verano, entre mediados de septiembre y de octubre, por la paralización judicial impuesta por la crisis sanitaria, informa Ángeles Vázquez.El 8 de octubre será cuando comparezca la presidenta del Santander, Ana Botín, que estaba previsto que lo hiciera el pasado 28 de mayo. Quien presidía el Popular, Rodrigo Echenique, cuando la entidad fue adquirida por el banco cántabro, lo hará el 15 de octubre. El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, en cambio, será el primero, al haber sido citado el 17 de septiembre. La comparecencia de Luis de Guindos se realizará el 30 de septiembre por videoconferencia.
El Santander está personado en la causa en calidad de responsable vivil subsidiario, pero quedó sin efecto su imputación.
OTROS PROCEDIMIENTOS
Resolución europea y arbitraje
Sigue adelante la tramitación de los numerosos procedimientos contra el FROB como Autoridad Nacional de Resolución, que puso en marcha las medidas para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución. Esa vía contencioso-administrativa, sin embargo, se encuentran parada a la espera de que se resuelvan las reclamaciones de afectados dirigidas al Tribunal General de la Unión Europea. En estos casos se discute el propio mecanismo de resolución
Además, un grupo de inversores mexicanos (44 particulares y 10 empresas), encabezados por Antonio del Valle que llegó a ser accionista significativo del banco-- han planteado un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino de España por la pérdida de sus inversiones. En ese procedimiento se ven afectados el banco de España, la CNMV y el FROB. Sin contar en EEUU se han tramitado varios procedimientos 'Discovery', en los que se discute la entrega de determinada información sensible por parte del banco ante los tribunales de Nueva York.
