Desde ayer, los más de 50.000 cajeros automáticos que hay en España deben ofrecer información sobre el importe que cobran las entidades por las operaciones de retirada de efectivo, consulta de saldo y de movimientos de cuenta. Hasta ahora sólo tenían obligación las terminales de las sucursales de la red del banco o caja donde el usuario tenía su cuenta.
El Gobierno otorgó una prórroga de seis meses a las entidades para que ajustaran los sistemas informáticos y se adaptaran a la normativa. El coste estimado ha rondado los 16 millones de euros.
En este periodo transitorio el cliente sólo obtenía información sobre los costes de la transacción en una sucursal de su propio banco o caja. Si el usuario introducía la tarjeta en un cajero de otra entidad o de una red distinta a la suya, la terminal podía limitarse a comunicarle que estaba cobrando una comisión. Ahora, los cajeros deberán especificar, al menos, el importe máximo del cargo. Cada entidad deberá informar a sus clientes sobre los costes que está pagando al mes.
